Los empleados públicos no deben hacerse ilusiones con un nuevo aumento salarial, pese al incremento del presupuesto provincial de este año en $ 220 millones, y sus deseos deberán esperar hasta 2007. La mejora en los recursos del Estado será aprobada mañana, en la sesión de Cámara convocada desde las 9.
Con la proyección final para 2006, Tucumán batirá un nuevo récord en disponibilidad de recursos estatales, que pasarán de $ 2.868 millones a poco más de $ 3.092 millones, cerca del triple de lo que se disponía al momento de asumir la actual gestión de José Alperovich, gracias a los niveles alcanzados por las recaudaciones fiscales nacional y provincial. De ese total, el Poder Ejecutivo concentrará casi el 92.5% (ver “Los fondos...”).
Si bien los ajustes en las cuentas de los tres poderes del Estado estarán concentrados en la partida 011, vinculada con los haberes de los trabajadores públicos y sus beneficios (asignaciones familiares, asistencia social y servicios extraordinarios), los recursos sólo alcanzarán para cubrir el desfase ocasionado por las últimas mejoras salariales ya otorgadas, y no permitirán disponer nuevos aumentos.
Desde el Poder Ejecutivo, al emitir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 21/3, se remarcó que los cambios al presupuesto son consecuencia de los ajustes salariales realizados en este ejercicio, y el jueves, el legislador Fernando Juri Debo confirmó que el DNU será transformado en una ley (por razones políticas y de técnica legislativa) y sostuvo que el aumento fiscal no contempla más incrementos en los haberes, sino que sólo asegura poder seguir cumpliendo con los compromisos asumidos, evitando que las cuentas entren en rojo. En el mismo sentido se pronunció ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato.
“Esta Corte se adhirió a los aumentos generales dispuestos por la Provincia, que están vinculados a la disponibilidad de tener la partida correspondiente. El incremento en el presupuesto sólo atenderá a situaciones ya devengadas; esa plata es para cubrir las mejoras que ya están dispuestas y en ejecución”, aclaró.
Dato admitió que está pendiente el debate sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial (único poder del Estado cuyo manejo independiente de fondos no está previsto en la nueva Carta Magna), pero destacó que, en los últimos 10 años, nunca hubo problemas con el actual sistema de remisión a través del PE.
Potestad de legislar
La transformación en ley del DNU implicará, en los hechos, que la Cámara reivindique su potestad de legislar sobre las finanzas del Estado, sin aceptar que lo haga el PE por ella. Ya en 2004 y en 2005 se recurrió a sancionar aumentos presupuestarios para llegar a fin de año sin sobresaltos.
Los legisladores, además, modificarán algunas pautas y dispondrán que los fondos para el Poder Judicial y para la Legislatura sean remitidos en bloque, sin identificar a qué partidas específicas deben estar afectados. De este modo, las cabezas de cada uno de esos poderes (Dato y el vicegobernador Fernando Juri, respectivamente) podrán distribuirlos atento a las necesidades propias. Así, por ejemplo, Juri podrá mantener los $ 800.000 previstos para el aumento de las dietas parlamentarias dentro del presupuesto legislativo hasta tanto decida si lo gasta en ese rubro o en otro distinto.
Desde el PE, independientemente del aumento de recursos por la mayor recaudación, se ordenó una reducción del 15% a los gastos en la partida 012 (bienes y servicios no personales) y de subsidios estatales en la última etapa del año, para ajustar las cuentas.
Con la proyección final para 2006, Tucumán batirá un nuevo récord en disponibilidad de recursos estatales, que pasarán de $ 2.868 millones a poco más de $ 3.092 millones, cerca del triple de lo que se disponía al momento de asumir la actual gestión de José Alperovich, gracias a los niveles alcanzados por las recaudaciones fiscales nacional y provincial. De ese total, el Poder Ejecutivo concentrará casi el 92.5% (ver “Los fondos...”).
Si bien los ajustes en las cuentas de los tres poderes del Estado estarán concentrados en la partida 011, vinculada con los haberes de los trabajadores públicos y sus beneficios (asignaciones familiares, asistencia social y servicios extraordinarios), los recursos sólo alcanzarán para cubrir el desfase ocasionado por las últimas mejoras salariales ya otorgadas, y no permitirán disponer nuevos aumentos.
Desde el Poder Ejecutivo, al emitir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 21/3, se remarcó que los cambios al presupuesto son consecuencia de los ajustes salariales realizados en este ejercicio, y el jueves, el legislador Fernando Juri Debo confirmó que el DNU será transformado en una ley (por razones políticas y de técnica legislativa) y sostuvo que el aumento fiscal no contempla más incrementos en los haberes, sino que sólo asegura poder seguir cumpliendo con los compromisos asumidos, evitando que las cuentas entren en rojo. En el mismo sentido se pronunció ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato.
“Esta Corte se adhirió a los aumentos generales dispuestos por la Provincia, que están vinculados a la disponibilidad de tener la partida correspondiente. El incremento en el presupuesto sólo atenderá a situaciones ya devengadas; esa plata es para cubrir las mejoras que ya están dispuestas y en ejecución”, aclaró.
Dato admitió que está pendiente el debate sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial (único poder del Estado cuyo manejo independiente de fondos no está previsto en la nueva Carta Magna), pero destacó que, en los últimos 10 años, nunca hubo problemas con el actual sistema de remisión a través del PE.
Potestad de legislar
La transformación en ley del DNU implicará, en los hechos, que la Cámara reivindique su potestad de legislar sobre las finanzas del Estado, sin aceptar que lo haga el PE por ella. Ya en 2004 y en 2005 se recurrió a sancionar aumentos presupuestarios para llegar a fin de año sin sobresaltos.
Los legisladores, además, modificarán algunas pautas y dispondrán que los fondos para el Poder Judicial y para la Legislatura sean remitidos en bloque, sin identificar a qué partidas específicas deben estar afectados. De este modo, las cabezas de cada uno de esos poderes (Dato y el vicegobernador Fernando Juri, respectivamente) podrán distribuirlos atento a las necesidades propias. Así, por ejemplo, Juri podrá mantener los $ 800.000 previstos para el aumento de las dietas parlamentarias dentro del presupuesto legislativo hasta tanto decida si lo gasta en ese rubro o en otro distinto.
Desde el PE, independientemente del aumento de recursos por la mayor recaudación, se ordenó una reducción del 15% a los gastos en la partida 012 (bienes y servicios no personales) y de subsidios estatales en la última etapa del año, para ajustar las cuentas.
2003
El Gobierno dispuso de $ 1.194 millones en el cambio de mandato de Miranda a Alperovich.
2004
El presupuesto total en el primer año completo de la actual gestión fue de $ 1.930 millones.
2005
Para el ejercicio de ese año se aprobaron gastos e ingresos por $ 2.070 millones.
El Gobierno dispuso de $ 1.194 millones en el cambio de mandato de Miranda a Alperovich.
2004
El presupuesto total en el primer año completo de la actual gestión fue de $ 1.930 millones.
2005
Para el ejercicio de ese año se aprobaron gastos e ingresos por $ 2.070 millones.







