Oportunismo o seguridad jurídica

Las alternativas entre la seguridad jurídica y las urgencias económicas ocupan en la vida pública nacional desde hace un tiempo el centro de un contradictorio debate que, en definitiva, debería resolver la Corte Suprema en medio de un fuerte castigo político. En su trasfondo, el peligroso juego de intereses sectoriales está demostrando un pragmatismo por momentos oportunista frente al que el Gobierno central carece de poder real suficiente para arbitrar, como demuestran sus repetidas vacilaciones en asuntos trascendentes de su incumbencia. El testimonio más notorio de esa situación es la renovada confrontación entre la defensa y preservación del orden jurídico, responsabilidad del Poder Judicial, y la gestión económica pública, a cargo fundamentalmente de la cartera de Economía y del Banco Central. La magnitud del conflicto es de tal naturaleza que los problemas mayores y hasta ahora insuperables del Gobierno, se centran en el renovado rechazo por la Justicia de decisiones oficiales que afectan y hasta desconocen derechos esenciales como el de propiedad, por señalar el más trascendente. El Poder Ejecutivo puede alegar en casos muy evidentes que el estado de necesidad o emergencia provocado por la crisis es compulsivo para su gestión, pero el rigor constitucional que invocan no pocos jueces es tanto o más atendible cuando se trata de la defensa del orden republicano. Así la situación, el dilema debe resolverse en la Corte Suprema de Justicia, donde el conflicto jurídico-político se está desenvolviendo con un contexto público que desacredita al máximo tribunal, por el notorio compromiso de algunos de sus miembros -los de la "mayoría automática"- con no pocas decisiones fundamentales del anterior gobierno justicialista. Consecuencia de esa realidad es el juicio político, con estado parlamentario, que se ha convertido en aparente pieza de canje entre parte de los magistrados y el oficialismo, para que las decisiones de la Corte sobre aquellos graves y controvertidos asuntos se acomoden lo mejor posible a necesidades perentorias del Gobierno.
Si bien es muy grave para la seguridad institucional en un período de transición esa clase de conflictos y planteamientos semipúblicos, resulta por demás sorprendente que entre las presiones soportadas por el Gobierno para que asigne prioridad a determinadas exigencias económicas sobre la preservación de la seguridad y el orden jurídicos, figuren las del Fondo Monetario.
El organismo internacional, que persistentemente invoca en la compleja negociación del acuerdo contingente con nuestro país el respeto de los derechos vulnerados, tampoco escapa a ese pragmatismo oportunista que agrava la crisis, cuando condiciona su acuerdo -entre otros puntos- al rechazo de las acciones de amparo contra el bloqueo bancario, recurso constitucional que, en ese caso, reivindica el esencial derecho de propiedad.
La crisis argentina es de tal naturaleza, por cierto, que en su nómina de responsables no sólo figuran sus numerosísimos protagonistas vernáculos sino también, y como en ese caso, los foráneos, que, por imprevisión o afinidades varias, no advirtieron o sopesaron oportunamente los testimonios de la realidad.