El fiscal federal Carlos Brito aseguró que urge investigar por qué en el Ministerio de Economía (ME) de la Nación ya habían calculado que a Yolanda Borquez había que abonarle $ 15 millones, cuando el juez federal Felipe Terán sólo había ordenado -medida cautelar mediante- el pago de la renta de los títulos públicos en la causa que la mujer había entablado contra la normativa que pesificó los bonos después del "default".
Cuando solicitó que Terán, hoy suspendido y sometido a un proceso de destitución, también sea citado a prestar declaración indagatoria como presunto partícipe de una tentativa de defraudación contra el Estado, el funcionario judicial hizo referencia al memorando 215/05, de la Oficina Nacional de Crédito Público. Este documento decía: "en el supuesto caso de tenerse que cumplimentar la orden judicial que establece la medida cautelar peticionada por la amparista, se debería instruir el pago por un valor aproximado de 15 millones o U$S 5,2 millones", según consta en el expediente.
El fiscal reiteró la advertencia que ya había efectuado la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), según la cual la suma prevista (los 15 millones) "representaba los pagos por amortización y renta de títulos, mientras que la cautelar se limitaba a exigir el pago de la renta, suma esta sustancialmente menor".
Brito también requirió que sea citado el ex subsecretario legal del ME, Osvaldo Siseles, porque según la propia PTN este no advirtió a la Oficina de Crédito Público sobre "el grave error conceptual en que había incurrido al incorporar un rubro no contemplado por la medida precautoria". "Su inadvertencia provocaba la consumación de la defraudación", acotó Brito.
Cuando solicitó que Terán, hoy suspendido y sometido a un proceso de destitución, también sea citado a prestar declaración indagatoria como presunto partícipe de una tentativa de defraudación contra el Estado, el funcionario judicial hizo referencia al memorando 215/05, de la Oficina Nacional de Crédito Público. Este documento decía: "en el supuesto caso de tenerse que cumplimentar la orden judicial que establece la medida cautelar peticionada por la amparista, se debería instruir el pago por un valor aproximado de 15 millones o U$S 5,2 millones", según consta en el expediente.
El fiscal reiteró la advertencia que ya había efectuado la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), según la cual la suma prevista (los 15 millones) "representaba los pagos por amortización y renta de títulos, mientras que la cautelar se limitaba a exigir el pago de la renta, suma esta sustancialmente menor".
Brito también requirió que sea citado el ex subsecretario legal del ME, Osvaldo Siseles, porque según la propia PTN este no advirtió a la Oficina de Crédito Público sobre "el grave error conceptual en que había incurrido al incorporar un rubro no contemplado por la medida precautoria". "Su inadvertencia provocaba la consumación de la defraudación", acotó Brito.






