La integración del tribunal de apelaciones se demorará meses

La conformación efectiva del futuro Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo demoraría meses, en caso de que se concrete alguna vez. Ayer, en pasillos y oficinas del Poder Judicial, se recordaba que hay cinco leyes que disponen la creación de nuevos juzgados que tienen su vigencia suspendida (por vía legal o de hecho) ante problemas en la operatividad de las normas, algunas de las cuales cumplieron 10 años.
El Tribunal fue sancionado por la Legislatura el lunes. La ley faculta genéricamente al Ejecutivo a efectuar las compensaciones presupuestarias necesarias para darle actividad a la nueva instancia revisora de fallos. Sin embargo, desde la Corte trascendió que lo primero que se evaluará cuando se produzca la notificación formal es si esa disposición es suficiente para ponerlo en funcionamiento.
La principal reserva sobre la ejecutividad de la norma radicaría en que no dispone la creación de cargos en la planta de personal. Según una interpretación en la Justicia, sólo la Legislatura puede hacerlo, y no sería posible autorizar al Gobierno a subsanar esa carencia de previsión. En una proyección mínima, harían falta tres magistrados, cuatro funcionarios (secretarios) y una docena de empleados.
El costo en sueldos supera el millón de pesos, a lo que se suman los gastos de funcionamiento.

Antecedentes
La falta de impulso a ciertos juzgados aprobados por la Legislatura, por no haber previsto los cargos o las partidas, registra antecedentes cercanos y lejanos.
En enero pasado, los legisladores crearon los juzgados de ejecución de sentencia, que debían implementarse en la capital y en Concepción. Esos magistrados debían tener un completo equipo de apoyo interdisciplinario para el análisis de los distintos casos. Pero los empleos no fueron habilitados y los juzgados no abrieron todavía sus puertas, según la explicación extraoficial deslizada desde la Corte.
Una situación similar se produjo con los Juzgados de Concurso y Quiebra aprobados en mayo, pero nunca nacidos. En este caso, las diferencias de criterio entre el Poder Judicial y los poderes políticos se agravaron porque en ese mismo mes se designaron secretarios con esa competencia en los despachos civiles y comerciales ordinarios.
Tampoco rigen tres leyes, cuyas aplicaciones están suspendidas por normas posteriores, también por cuestiones económico-financieras (se dice desde la Corte). Ellas son la modificación del Patronato de Internos y Liberados (mayo de 2001); las Defensorías Oficiales Auxiliares en Trancas, Las Cejas, Graneros y Tafí del Valle (mayo de 1996); y los Juzgados Contravencionales en la capital y en Concepción (también de mayo de 1996).

CAM suspendido
Aun si se corrigiera la supuesta deficiencia legal, el Tribunal de Apelaciones debería aguardar, para ver la luz, a que se emita sentencia en las causas contra la reforma de la Constitución, que se tramitan, precisamente, en el fuero en lo Contencioso Administrativo.
La espera se debe a la medida de no innovar dictada por el camarista Carlos Giovanniello que ordenó la suspensión de la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) hasta tanto no se resuelva el juicio que impulsa el Colegio de Abogados. Por ello, no se puede avanzar en el proceso de designación de nuevos jueces. Además, hay otras cinco causas abiertas.
En la Corte comenzó a generarse cierta inquietud por las sucesivas excusaciones de los distintos camaristas, que generarían la postergación de la definición de las causas y produce problemas para la integración de los tribunales que entiendan en los expedientes. Esta demora se suma a las excepciones previas interpuestas por el PE en la demanda de los abogados, que también impiden avanzar sobre el fondo de la cuestión.
La tercera preocupación de los jueces supremos es que se dicten sentencias contradictorias entre los distintos magistrados que resuelvan los casos sobre los mismos puntos en debate, alternativa que se superaría mediante la acumulación de todas las denuncias en un mismo trámite.

Exigen una respuesta de la Corte
Las críticas del legislador Sisto Terán (PJ) a la Corte, por la acordada en que objetó el proyecto de creación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, fue considerada una falta de respeto por el titular de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón. "Si la Corte no contesta los agravios, mediante una acordada, ni declara inconstitucional esa ley, perderá autoridad moral y jurídica ante la sociedad. Los tucumanos no creen en jueces ni en fiscales que no investigan denuncias contra el PE", aseveró.