Insisten en que se quiere ahogar económicamente al colegio

A 196 años del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, los abogados celebraron su día. A diferencia de otras oportunidades, el festejo dejó paso a la manifestación política, con un firme mensaje del presidente del colegio profesional, Antonio Bustamante, en contra del proyecto de ley que le retira a la entidad el control de la matrícula para que lo asuma la Corte Suprema de Justicia.
El discurso precedió la entrega de medallas a los asociados que cumplen 25 años de ejercicio, en el Centro Cultural de la UNT, ante un auditorio de funcionarios, académicos, letrados y magistrados provinciales y federales.
Bustamante destacó que la función primordial del abogado es defender el estado de Derecho, el equilibrio entre los poderes, la independencia del Poder Judicial y el libre desempeño de la abogacía. “Estamos en un momento trascendental de la sociedad, comprometidos con el interés superior del Derecho y la Justicia en la función social y pública de nuestra profesión”, dijo.
El directivo puntualizó que la entidad que conduce tiene incumbencia directa en todos los temas relativos a la administración de Justicia, y ratificó la presentación judicial en trámite contra la reforma de la Constitución provincial por cómo se dispusieron el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, para evitar que los poderes políticos tengan hegemonía en esos cuerpos y, desde allí, sobre el Poder Judicial.

Pedido al poder político
El letrado reclamó que se respeten las incumbencias dadas hace 50 años a la institución, en lo referente al control de sus asociados (matriculación y cumplimiento de pautas éticas), y denunció que se pretende ahogar económicamente a la entidad, lo que destruiría el Consultorio Jurídico Gratuito (atiende 3.000 juicios por año). “Quieren amordazar y eliminar al colegio”, señaló.
“Gracias a la reflexión de algunos legisladores, el proyecto no se trató en la sesión del lunes. Pero vamos a pedir que se lo deje definitivamente sin efecto, para estabilizar las relaciones institucionales del colegio con los poderes del Estado”, dijo. Si bien no mencionó a Fernando Juri a favor de esa postergación, le agradeció tácitamente lo hecho.
“Trabajamos sin partidismos y queremos ayudar a construir una sociedad mejor a quienes tienen la conducción de los destinos de la provincia; pero no omitiremos las críticas por los rumbos equivocados. Convocamos a los responsables políticos a poner en marcha los canales de diálogo, el que será fructífero si hay tolerancia y respeto al disenso, para desterrar la persecución política, ideológica e institucional de Tucumán”, aseveró.

“No debato con él”, dijo Dato sobre Terán
“La Corte Suprema de Justicia opinó sobre la inconveniencia de crear un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, pero ya está sancionada la ley. Veremos de qué se trata cuando tengamos el texto final. Como nosotros nos pronunciamos antes, seguramente nos excusaremos si se cuestiona judicialmente la norma”, afirmó ayer Alfredo Carlos Dato.
El presidente de la Corte puntualizó que la judicialización será muy estricta en cuanto a quiénes pueden accionar y juzgar la constitucionalidad de la nueva ley. “El contenido de una eventual presentación dependerá de quién la haga. A nuestro criterio, un Tribunal baja la jerarquía de los actuales camaristas del fuero, pero habrá que ver si alguno de ellos acciona judicialmente. Tienen absoluta libertad; es un tema privativo de cada uno si es que se siente o no agraviado”, agregó.
Dato reconoció que el clima está muy sensibilizado por los debates públicos acerca de proyectos que involucran al Poder Judicial. Aclaró que no le responderá al legislador Sisto Terán, quien había dicho que la Corte se excedió en sus funciones al emitir opinión sobre el Tribunal de Apelaciones. “No debato con él, y menos ante la libertad que tiene de hablar amparado por sus fueros. Lo que nosotros consideramos, está escrito”, destacó.
“No había limitación para emitir un criterio; es grave lo que dijo  el legislador Terán”, señaló, por su lado, el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri.