Se demora el pago a acreedores de la Municipalidad

El objetivo del intendente de la capital, Domingo Amaya, de ordenar el pago a los acreedores del municipio de un monto de casi $ 4 millones se frenó en el Concejo Deliberante por la demora en responder a los pedidos de informes.
El secretario de Hacienda, Roberto Sollazzi, se había comprometido la semana pasada a enviar el listado completo de los acreedores que recibirán el pago municipal. Sin embargo, hasta ayer, la comisión de Hacienda no recibió ninguna documentación. Por esa razón, los integrantes de esa comisión decidieron reiterar el pedido de informes a Sollazzi. Además acordaron no emitir dictamen del proyecto hasta tanto se identifique quiénes serán los beneficiados con el pago.
El radical José Luis Avignone resaltó que no hubo respuesta de Sollazzi. También el republicano Claudio Viña se quejó por la demora. “Al parecer no les interesa el tema, pese a que ellos mismos (por la intendencia) enviaron el proyecto. Por eso propuse que se archive el proyecto”, dijo.
“Una vez más se olvidan del cumplimiento de la ley y del respeto por las instituciones. Me hacen acordar al modo de actuar del gobernador José Alperovich”, insistió Viña con ironía.
A diferencia de los cuestionamientos de Avignone y de Viña, el titular de la comisión de Hacienda, Carlos Issa Assán (PJ), lamentó que el tema sufra una demora en el Concejo Deliberante. “A mí me dejó conforme Sollazzi con el informe que dio hace una semana, pero ellos (por la oposición) quieren todo por escrito”, señaló.
El edil oficialista remarcó que no se puede demorar más el caso. “Tendríamos que haber firmado el despacho, porque ya se dieron las explicaciones ante la comisión. No se puede detener más, porque este tema viene desde la Casa de Gobierno y no hay que demorarlo más”, afirmó.
En mayo, el gobernador José Alperovich firmó dos decretos que autorizan los préstamos reintegrables al municipio (uno por un monto de $ 2 millones y otro por un total de $ 1,8 millón). En junio, Amaya rubricó el decreto para efectuar el pago y envió ese documento al Concejo Deliberante. En julio, el concejal Avignone pidió por escrito los informes, pero no obtuvo respuesta. El lunes 7 de este mes, Sollazzi asistió a una reunión de la comisión de Hacienda y prometió enviar la documentación. Sin embargo, en el edificio de San Martín y Monteagudo aún aguardan por los escritos comprometidos.



El concejal de la capital Miguel Brito (FR) advirtió ayer a la intendencia que las obras encaradas este año en la órbita de la ciudad carecen de sustento legal.
El edil recordó que a nivel provincial fue sancionada la ley 7.396, que establece que los trabajos que insuman hasta $ 40.000 pueden efectuarse por contratación directa. Esa norma, a la que se adhirió el Concejo Deliberante de la capital mediante la ordenanza 3.529, estuvo en vigencia hasta diciembre de 2005.
Luego -recordó Brito- se instrumentó una nueva ley provincial (7.677) para ampliar el monto de la contratación directa a un límite de $ 70.000 y extender la vigencia de la norma hasta 2007. Respecto de esta última ley -precisó el edil- no se produjo ninguna adhesión por parte del Concejo Deliberante.

Los presupuestos
Brito envió una nota de sugerencia al intendente Domingo Amaya para que se adopten las medidas correspondientes. “Le recuerdo que la ley 5.854, en su artículo 7º, establece la obligatoriedad de que antes de la ejecución de una obra pública se cuente con una adecuación presupuestaria; algo de los que estas obras carecen”, resaltó.
En la misiva, el concejal bussista solicitó al jefe municipal que informe a la brevedad qué camino seguirá para sortear esa dificultad.