La creación de un tribunal divide al bloque oficialista

El presidente de la comisión de Hacienda de la Legislatura, Fernando Juri Debo, puso ayer al descubierto las diferencias en las que se debate el oficialismo respecto del polémico proyecto que promueve la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, jerárquicamente por encima de la Cámara que funciona en el fuero.
El martes, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, criticó a la Corte Suprema de Justicia, pues considera que esta no se ajustó al requerimiento formulado por Juri Debo (acerca de cuánto costaría la instalación del nuevo tribunal). También sugirió que la Corte se había pronunciado sobre facultades propias de la Legislatura al haber calificado la iniciativa de inoportuna e inconveniente.
Juri Debo, alineado con su primo, el vicegobernador Fernando Juri, no cuestionó a la Corte. "Como somos respetuosos de la independencia de los poderes, cada vez que intentamos modificar la Ley Orgánica de Tribunales le consultamos a la Corte cuántos cargos necesitarían y cuánto dinero demandaría eso. Se trata de algo de rutina. Pero, en este caso, indirectamente, la Corte nos contestó que no podía efectuar esa precisión numérica, porque estaba en desacuerdo, con lo que adelantó su posición frente a la eventualidad de que pudiera cuestionarse judicialmente la ley -en caso de ser aprobada- que estableciera el nuevo tribunal", aseveró.
Dada la respuesta de la Corte, no es mucho lo que la Comisión de Hacienda puede decir, según Juri Debo. "Nos vemos impedidos de emitir un dictamen sobre el proyecto, porque no tenemos la información sobre las partidas presupuestarias que hacen falta para crear el tribunal", anticipó.

Todo un mensaje
Detrás del tecnicismo hay toda una definición política, porque la iniciativa podría llegar al recinto, para su tratamiento, sin el dictamen clave de la comisión de Hacienda, aunque sí con el de la de Legislación General.
En la Corte reinó el hermetismo, y los vocales -todos firmaron la acordada que Jiménez cuestionó- no quisieron replicarle al ministro; sin embargo, sus palabras no cayeron bien. Inclusive, fuentes judiciales confiaron que la Corte sí se había ajustado al requerimiento de Hacienda, que le había pedido "opinión sobre el proyecto de ley, especialmente en lo referido a la planta de cargos y créditos presupuestarios necesarios para la implementación" (del nuevo tribunal).
La polémica tiene como telón de fondo el hecho de que en la Cámara en lo Contencioso Administrativo están radicados los planteos judiciales contra la reforma de la Constitución.


Desde la oposición, algunos dirigentes salieron a respaldar a la Corte Suprema de Justicia por haberse manifestado en contra de que, por encima de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde se dirimen los planteos judiciales contra la reforma constitucional, sea establecido un tribunal de apelaciones.
"La Corte puso el justo quicio en este debate y, por ello, se ganó un espacio en la mira crítica del Gobierno. Por su vocación pugilística, el gobernador es un digno pupilo del presidente Néstor Kirchner: no repara en reglas o modales, altera el humor ciudadano y preocupa al inversor, que ve que el poder de la provincia está en manos de un buscapleitos y no de un estadista", advirtió el legislador republicano Ernesto Padilla.
El legislador aclaró que la difusión desde el Estado de buenos indicadores económicos y sociales tienen por fin hacer creer que Tucumán es la mejor provincia. "Pero esos índices no garantizan un futuro venturoso si las instituciones pierden calidad por la impericia de los gobernantes", dijo.
Desde el radicalismo, Mario Marigliano y el concejal José Luis Avignone alertaron: "ese cuerpo revisor de sentencias se instalaría como una barrera a las pretensiones que se dedujeran contra el Estado provincial, lo que afectaría tanto la jerarquía de los camaristas actualmente en funciones, como al mismo estado de derecho".