Por Redacción Política
17 Agosto 2006
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La resolución 45/06 se convirtió en el primer instrumento de la Junta Electoral Provincial (JEP) que lleva la firma del fiscal de Estado, Antonio Estofán, en reemplazo del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Luis de Mitri.
El reconocimiento de la agrupación "Lealtad Popular" como nuevo partido político en la provincia quedará como un hecho anecdótico. En realidad, la trascendencia del instrumento radica en que con la firma del presidente de la Corte, Alfredo Carlos Dato, del vicegobernador Fernando Juri y del funcionario provincial, se puso en vigencia uno de los institutos derivados de la reforma constitucional más cuestionados por la oposición.
A voluntad del oficialismo
La modificación a la integración de la JEP fue impuesta por el oficialismo en la Convención Constituyente. El nuevo texto reemplaza a un miembro del Poder Judicial por uno del Poder Ejecutivo. De esa forma, el poder político tiene mayoría (también la conforma el titular de la Legislatura) en la toma de decisiones. Ese fue el argumento esgrimido por los referentes de la oposición política para cuestionar judicialmente el cambio.
Las presentaciones fueron formuladas por el legislador Alejandro Sangenis (MP3) y por el ex diputado Exequiel Avila Gallo (Bandera Blanca). Según el criterio mayoritario por el que optó la Corte Suprema de Justicia en ambas causas, las acciones deben ser resueltas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El alto tribunal consideró que la Convención Constituyente es un órgano estatal de existencia contingente y transitoria y, por ende, sus actos son imputables al Estado; no obstante, no integra ningún poder constituido.
Las presentaciones hicieron eje en presuntas violaciones a pactos internacionales. "En caso de obtener operatividad, el control del proceso político quedará a voluntad del partido de Gobierno, en un marco de competencia no igualitario para aspirar a ejercer las funciones públicas, con afectación real de los derechos cuya protección demando", expresó el legislador Sangenis en su escrito.
El reconocimiento de la agrupación "Lealtad Popular" como nuevo partido político en la provincia quedará como un hecho anecdótico. En realidad, la trascendencia del instrumento radica en que con la firma del presidente de la Corte, Alfredo Carlos Dato, del vicegobernador Fernando Juri y del funcionario provincial, se puso en vigencia uno de los institutos derivados de la reforma constitucional más cuestionados por la oposición.
A voluntad del oficialismo
La modificación a la integración de la JEP fue impuesta por el oficialismo en la Convención Constituyente. El nuevo texto reemplaza a un miembro del Poder Judicial por uno del Poder Ejecutivo. De esa forma, el poder político tiene mayoría (también la conforma el titular de la Legislatura) en la toma de decisiones. Ese fue el argumento esgrimido por los referentes de la oposición política para cuestionar judicialmente el cambio.
Las presentaciones fueron formuladas por el legislador Alejandro Sangenis (MP3) y por el ex diputado Exequiel Avila Gallo (Bandera Blanca). Según el criterio mayoritario por el que optó la Corte Suprema de Justicia en ambas causas, las acciones deben ser resueltas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El alto tribunal consideró que la Convención Constituyente es un órgano estatal de existencia contingente y transitoria y, por ende, sus actos son imputables al Estado; no obstante, no integra ningún poder constituido.
Las presentaciones hicieron eje en presuntas violaciones a pactos internacionales. "En caso de obtener operatividad, el control del proceso político quedará a voluntad del partido de Gobierno, en un marco de competencia no igualitario para aspirar a ejercer las funciones públicas, con afectación real de los derechos cuya protección demando", expresó el legislador Sangenis en su escrito.
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