La concejala Ramírez quiere anular la designación de Ramayo

En Las Talitas, cada uno de los ediles puede nombrar a dos empleados. Sigue la polémica por el cobro de un sueldo de $ 1.000 durante ocho meses.

DENUNCIA. Adriana Ramayo dijo no sabía de su designación. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
DENUNCIA. Adriana Ramayo dijo no sabía de su designación. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
Por Redacción Política 16 Agosto 2006
En Las Talitas, la incógnita es quién cobró el sueldo (más de $ 1.000 mensuales), durante ocho meses, entre diciembre de 2005 y julio de este año. Adriana Mabel Ramayo, que reside en una precaria vivienda del barrio Galicia, asegura que nunca tuvo ese dinero en sus manos. Inclusive, en su denuncia policial resaltó que ella se enteró de que había sido nombrada en el Concejo Deliberante cuando le llegó, a su domicilio, la tarjeta de débito del Banco del Tucumán. Según el expediente policial, una vecina fue quien le advirtió a Ramayo que esa tarjeta era para cobrar el sueldo de secretaria de bloque del Concejo Deliberante.
En las actuaciones policiales se detalla que el 4 de agosto, la concejala Ramírez concurrió a la vivienda de Ramayo en un automóvil y le sustrajo una mesa, seis sillas, un televisor y un aparato musical y los hizo cargar en un carro (vehículo de tracción a sangre) para trasladarlo al domicilio de la concejala. Luego, la denunciante Ramayo dijo que asistió a la casa de Ramírez para reclamar los objetos, pero que le exigieron que fuera al banco para cobrar el sueldo, y que de ese modo los recuperaría.
La mujer, que es madre de cinco hijos y que admite su escasa instrucción, trabajaba como empleada doméstica de la concejala Norma Graciela Ramírez (PJ). Esta última es investigada por la Justicia.
En el Concejo Deliberante de Las Talitas, cada uno de los 10 concejales tiene la posibilidad de nombrar a dos colaboradores, como máximo. La designación de Ramayo fue clave porque, como es madre de cinco hijos, la remuneración puede crecer hasta superar los $ 1.000, como consecuencia de las asignaciones familiares que le corresponden por ley.
Además, cada concejal puede dejar sin efecto la designación de sus empleados. En este caso, la concejala Ramírez pidió la baja de Ramayo en una nota dirigida al presidente del cuerpo, Marcos Kristal (PJ). Desde que surgió el escándalo, a partir de la denuncia policial, todavía no definió un reemplazante para ese puesto.


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