El oficialismo legislativo aprobará, mediante una ley, la operatoria con el Banco del Tucumán para que, en caso de que se demoren las remesas nacionales, las empresas constructoras que ejecutan planes de vivienda puedan solicitar créditos con el aval de la Provincia.
El sistema financiero fue dispuesto por el gobernador José Alperovich a través del decreto acuerdo 18/3. Sin embargo, los legisladores peronistas confirmaron que el DNU será rechazado y que, en su lugar, se sancionará una norma que avale la operatoria. “El objetivo es darle más transparencia al sistema”, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Fernando Juri Debo (PJ).
La sanción de una ley quedó consensuada con los funcionarios del Poder Ejecutivo luego de que los parlamentarios formularon objeciones a la redacción del decreto de necesidad y urgencia remitido desde Casa de Gobierno. Los principales reparos están puestos en la falta de remisión de los modelos de convenio que firmará el Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y en la escasez de detalles técnicos que presenta el texto como, por ejemplo, respecto de la tasa de interés que pagaría el Gobierno si es que no llegan los fondos nacionales.
Además, desde la Legislatura pretenden conocer cuáles son las obras habitacionales que se encuentran paralizadas, cuáles son las empresas que estarían en condiciones de acceder a los préstamos y por qué monto de crédito recurrirían al Banco del Tucumán.
Toda esa información fue solicitada por Juri Debo al ministro de Economía, Jorge Jiménez, en una reunión mantenida el lunes. La intención del oficialismo es girar la documentación a los demás miembros de la comisión a fin de que el proyecto oficial llegue con dictamen favorable al recinto.
No obstante, aún no está confirmada la fecha en que los legisladores volverán a sesionar. El último plazo que tienen los parlamentarios para ratificar o rechazar el decreto del PE es el lunes 28 del corriente. De lo contrario, la operatoria entrará automáticamente en vigencia. De todas formas, es intención del justicialismo concretar una sesión durante la próxima semana. A tal fin, el bloque se reuniría antes del fin de semana.
Por $ 50 millones
El decreto 18/3 dispone que las empresas constructoras con obras habitacionales asignadas podrán pedir créditos al agente financiero de la provincia si es que el Gobierno nacional demora el envío de los fondos comprometidos.
En caso de que las remesas no lleguen dentro de los 180 días de solicitado el crédito, la Provincia estará facultada para cancelarlos en nombre de ellas. El monto total de la línea crediticia asciende a $ 50 millones. Sin embargo, desde el Ipvdu estiman que no será necesario que las empresas agoten la totalidad del financiamiento.
El sistema financiero fue dispuesto por el gobernador José Alperovich a través del decreto acuerdo 18/3. Sin embargo, los legisladores peronistas confirmaron que el DNU será rechazado y que, en su lugar, se sancionará una norma que avale la operatoria. “El objetivo es darle más transparencia al sistema”, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Fernando Juri Debo (PJ).
La sanción de una ley quedó consensuada con los funcionarios del Poder Ejecutivo luego de que los parlamentarios formularon objeciones a la redacción del decreto de necesidad y urgencia remitido desde Casa de Gobierno. Los principales reparos están puestos en la falta de remisión de los modelos de convenio que firmará el Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y en la escasez de detalles técnicos que presenta el texto como, por ejemplo, respecto de la tasa de interés que pagaría el Gobierno si es que no llegan los fondos nacionales.
Además, desde la Legislatura pretenden conocer cuáles son las obras habitacionales que se encuentran paralizadas, cuáles son las empresas que estarían en condiciones de acceder a los préstamos y por qué monto de crédito recurrirían al Banco del Tucumán.
Toda esa información fue solicitada por Juri Debo al ministro de Economía, Jorge Jiménez, en una reunión mantenida el lunes. La intención del oficialismo es girar la documentación a los demás miembros de la comisión a fin de que el proyecto oficial llegue con dictamen favorable al recinto.
No obstante, aún no está confirmada la fecha en que los legisladores volverán a sesionar. El último plazo que tienen los parlamentarios para ratificar o rechazar el decreto del PE es el lunes 28 del corriente. De lo contrario, la operatoria entrará automáticamente en vigencia. De todas formas, es intención del justicialismo concretar una sesión durante la próxima semana. A tal fin, el bloque se reuniría antes del fin de semana.
Por $ 50 millones
El decreto 18/3 dispone que las empresas constructoras con obras habitacionales asignadas podrán pedir créditos al agente financiero de la provincia si es que el Gobierno nacional demora el envío de los fondos comprometidos.
En caso de que las remesas no lleguen dentro de los 180 días de solicitado el crédito, la Provincia estará facultada para cancelarlos en nombre de ellas. El monto total de la línea crediticia asciende a $ 50 millones. Sin embargo, desde el Ipvdu estiman que no será necesario que las empresas agoten la totalidad del financiamiento.






