Por Redacción Política
15 Agosto 2006
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La causa en la que se investiga si la concejala de Las Talitas Norma Graciela Ramírez (PJ) se quedó con los haberes de su secretaria de bloque (entre diciembre de 2005 y agosto de 2006) puede derivar hoy en nuevos allanamientos policiales. Ayer al mediodía, la Policía solicitó a la fiscal en lo penal de Instrucción de la IX Nominación, Mercedes Carrizo, que nuevas medidas en busca de elementos probatorios, pero la autorización oficial debe ser efectuada por la jueza de Instrucción de la II Nominación, Emma de Nucci.
Mientras tanto, Adriana Mabel Ramayo, quien también era empleada doméstica de la concejala Ramírez, insistió ayer en que había sido nombrada en el Concejo Deliberante sin que ella lo supiera. También declaró ante la Policía que la concejala Ramírez le ofreció dinero a cambio de que levantara la denuncia policial. "Ella me dijo que me iba a llevar y a traer para que saque la denuncia y que me daba $ 5 para que cocine para mis hijos", explicó. Esa afirmación también fue confirmada por el subcomisario Héctor Raúl Vera, quien está a cargo de la investigación.
La joven madre de cinco hijos explicó que hoy tendrá que prestar declaración en tribunales. Por su parte, la concejala contrató los servicios del abogado Rubén Urueña (h), quien aseguró a LA GACETA que su defendida se presentará si es citada. "Por cuestiones técnicas aún no pude leer la causa, pero puedo asegurar que ella estará a disposición de la Justicia", resaltó anoche el letrado.
Como si nada ocurriese
La concejala Ramírez, quien es vicepresidenta segunda del cuerpo, es investigada por presunta "estafa, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violación de domicilio y otros delitos". Ayer, a las 18.40, Ramírez participó en una sesión del Concejo, pero no quiso hacer declaraciones sobre el caso. Lo propio ocurrió con el resto de los ediles, que actuaron como si nada hubiese ocurrido.
En un trámite veloz y sin debate, los concejales aprobaron temas financieros clave del municipio, como las ejecuciones presupuestarias del cuarto trimestre de 2005 y del primer trimestre de 2006. También aprobaron el Presupuesto para este año. Al final de la reunión, LA GACETA solicitó una copia del Presupuesto que se había sancionado, pero la respuesta fue negativa, y, en un instante, los concejales se retiraron del edificio.
Mientras tanto, Adriana Mabel Ramayo, quien también era empleada doméstica de la concejala Ramírez, insistió ayer en que había sido nombrada en el Concejo Deliberante sin que ella lo supiera. También declaró ante la Policía que la concejala Ramírez le ofreció dinero a cambio de que levantara la denuncia policial. "Ella me dijo que me iba a llevar y a traer para que saque la denuncia y que me daba $ 5 para que cocine para mis hijos", explicó. Esa afirmación también fue confirmada por el subcomisario Héctor Raúl Vera, quien está a cargo de la investigación.
La joven madre de cinco hijos explicó que hoy tendrá que prestar declaración en tribunales. Por su parte, la concejala contrató los servicios del abogado Rubén Urueña (h), quien aseguró a LA GACETA que su defendida se presentará si es citada. "Por cuestiones técnicas aún no pude leer la causa, pero puedo asegurar que ella estará a disposición de la Justicia", resaltó anoche el letrado.
Como si nada ocurriese
La concejala Ramírez, quien es vicepresidenta segunda del cuerpo, es investigada por presunta "estafa, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violación de domicilio y otros delitos". Ayer, a las 18.40, Ramírez participó en una sesión del Concejo, pero no quiso hacer declaraciones sobre el caso. Lo propio ocurrió con el resto de los ediles, que actuaron como si nada hubiese ocurrido.
En un trámite veloz y sin debate, los concejales aprobaron temas financieros clave del municipio, como las ejecuciones presupuestarias del cuarto trimestre de 2005 y del primer trimestre de 2006. También aprobaron el Presupuesto para este año. Al final de la reunión, LA GACETA solicitó una copia del Presupuesto que se había sancionado, pero la respuesta fue negativa, y, en un instante, los concejales se retiraron del edificio.
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