Dura advertencia de la Corte a la Legislatura

“El proyecto de ley en estudio merece observaciones que revisten entidad suficiente para que no sea sancionado como ley modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Así, de forma contundente, comienza la acordada 488, firmada ayer por todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes formalizaron su rechazo a la propuesta del oficialismo de que se cree un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
El pronunciamiento fue notificado a la Legislatura y en él se advirtió que su aprobación podría causar “un írrito menoscabo de la jerarquía con la que fue creada originariamente la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por tres salas, con dos magistrados camaristas cada una y que es la que actualmente existe”. Esta opinión deja abierta una puerta a eventuales presentaciones judiciales contra la iniciativa si es aprobada.
El texto fue rubricado por Alfredo Dato, Antonio Gandur, Héctor Eduardo Area Maidana, Alberto Brito y René Goane, quienes reconocen que sólo la Corte puede revisar los fallos de los camaristas por vía del recursos extraordinario, y que no existe una segunda instancia ordinaria. Para implementarla, sugirieron la creación de juzgados de primera instancia.
La actuación de la Corte fue motivada por la comisión parlamentaria de Hacienda, que preside Fernando Juri Debo, quien pidió opinión sobre las partidas presupuestarias pertinentes que requeriría el proyecto. Sobre el particular no efectuaron cálculo alguno, por considerar lo siguiente: “en vista de la conclusión a la que se arriba es inoficioso, por resultar cuestión abstracta”.
Los vocales lamentaron que el proyecto “no exhiba una mínima motivación que permita conocer expresamente los fundamentos que lo sustentan y la finalidad que se persigue”. “Su contenido muestra, con suficiencia bastante, el grave error conceptual que lo configura, traducido en un inusitado quebrantamiento del criterio organizador de uno de los tres poderes que, conforme al principio republicano de Gobierno, instituye el régimen constitucional nacional y provincial”, dijeron.

El trámite actual
La Corte recordó que antes de iniciarse una causa judicial en ese fuero debe agotarse la instancia administrativa previa, que nunca demora menos de tres meses. Agregó que, cuando se dispuso la creación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, se tuvo en cuenta la necesidad de dar celeridad a la debida tutela tanto del interés público perseguido por el acto o hecho estatal judicialmente impugnado como de los derechos subjetivos o intereses de los particulares. Por ello, se formó un órgano colegiado con el rango jerárquico de Cámara, como instancia ordinaria única, por razones de oportunidad y conveniencia para la celeridad, economía y eficacia judicial.
“La garantía de inamovilidad de los camaristas no sólo ampara contra la remoción sino que, además, resguarda la sede, el grado y, en el orden local, la intangibilidad de su remuneración. Comprende, pues, al rango o nivel jerárquico de la naturaleza y alcance específicos que el magistrado ejerce en el cargo para el que legítimamente fue nombrado”, advierte el fallo del máximo tribunal.

Sujetos a la ley
Los vocales del alto tribunal destacaron que la discrecionalidad para adoptar una medida (como la que impulsan en la Legislatura) no debe ser sinónimo de arbitrariedad ni de irracionalidad, ni implica exoneración de la sujeción al ordenamiento jurídico positivo. Agregaron que las decisiones de los órganos del Estado deben cumplir con el presupuesto primordial de la juridicidad. “Lo que es ilegítimo necesariamente resulta carente de mérito siendo, asimismo, inoportuno e inconveniente”, puntualizaron.
Luego, advirtieron que si los legisladores disponen impulsar la doble instancia en lo contencioso administrativo (en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo está prevista para el fuero penal), “la solución legal orgánica y constitucionalmente legítima es la creación de órganos judiciales unipersonales de primera instancia, para atribuir a la Cámara legalmente existente las facultades propias de un órgano de apelación”.
Para abundar sobre su pronunciamiento, los vocales resaltaron: “una abrupta modificación de la estructura del fuero contencioso administrativo, consistente en la superposición de un Tribunal de Apelaciones a la existente Cámara, derivaría en la consecuente pérdida de jerarquía orgánico- funcional de esta última, al trocar su competencia de instancia ordinaria única por una competencia de primera instancia”. Luego citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación a favor del criterio señalado.