Tierras fiscales de Choromoro vuelven a sus viejos ocupantes

El Gobierno provincial cerró el conflicto abierto a finales de 2005 respecto del destino de terrenos fiscales ubicados en La Higuera (Choromoro). Mediante el decreto 2.184/3, el gobernador José Alperovich dispuso que las tierras pretendidas por el delegado comunal de esa localidad, Luis Angel Díaz, sean adjudicadas a sus antiguos ocupantes.
El instrumento firmado por el mandatario da por concluido el expediente iniciado en 2004 por los representantes de la sucesión de Antonio García Morales. Estos explotan los lotes del Estado en forma ininterrumpida desde 1958, según lo sostienen sendos dictámenes de la Dirección de Catastro y de Fiscalía de Estado.
En base a los antecedentes administrativos, el Poder Ejecutivo adjudicó a título oneroso los predios a la familia. Según lo aconsejado por la Comisión de Tasaciones, uno de los lotes tiene un valor de $ 25.000. El del otro, que de mayor extensión, supera los $ 250.000. El decreto del gobernador también instruye a las autoridades de Catastro a que suscriban con los particulares la escritura traslativa de dominio de los bienes.

Traspié en la Justicia
Los terrenos fiscales en cuestión determinaron un enfrentamiento entre el comisionado rural de la localidad emplazada en Trancas y los representantes de la sucesión.
Según lo reconoció a LA GACETA el 2 de diciembre de 2005, Díaz propició el asentamiento irregular de 12 familias en uno de los lotes, que está ubicado justo detrás de su vivienda particular. Adujo que esas personas, en su mayoría beneficiarias de planes y obreros de la comuna, no tenían un lugar en donde vivir. Por eso, pretendía que allí se construyera un pequeño barrio con fines sociales.
Ante la ocupación, los familiares de García Morales recurrieron a la Justicia para recuperar la posesión de las tierras. Paralelamente, presentaron notas en contra del funcionario ante la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas y requirieron al Tribunal de Cuentas que audite su gestión.
Precisamente, la Justicia falló en contra del comisionado rural y ordenó el desalojo de las 12 familias que se habían asentado en el lugar a instancias de Díaz. El 16 de enero de este año, el campo fue liberado y entregado por la Provincia la sucesión de García Morales. A partir de esa decisión, estos retomaron los trámites administrativos que habían iniciado en 2004 para obtener la titularidad de los bienes. Con el decreto de adjudicación firmado por el gobernador, sólo resta que el PE ejecute la transferencia formal del dominio.


Las últimas noticias no fueron alentadoras para el comisionado rural de Choromoro, Luis Angel Díaz. Al revés que recibió respecto de la tenencia de terrenos fiscales que reclamaba, se suma una auditoría integral dispuesta por el Tribunal de Cuentas (TC), que aún está en marcha.
Precisamente, a partir del escándalo por la ocupación de las tierras, un grupo de habitantes del pequeño poblado, ubicado 67 kilómetros al norte de la capital, solicitó al organismo de control la realización de una auditoría integral a la administración del peronista. El TC hizo propias esas denuncias y, a través de la acordada 944 firmada por Miguel Chaibén Terraf y por Sergio Díaz Ricci, dispuso un control general de las cuentas.
Los resultados del trabajo realizado por los contadores fiscales del ente de contralor se conocerían en los próximos días.