Viejas mañas desnaturalizan a los partidos

A poco menos de un año para las elecciones de 2007, el debate sobre el régimen electoral que regirá está lejos de presentarse entre los actores políticos. El sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias fue aprobado el 30 de marzo de 2005 para reemplazar a la polémica Ley de Lemas, que había sido derogada seis meses antes. Sin embargo, los objetivos planteados en aquella sesión legislativa siguen siendo una ilusión: en la mayoría de los partidos no se vislumbra la concreción de primarias.
La Ley 7.536 surgió a partir de un reclamo generalizado de cambio. También, con el justificativo de devolver vitalidad y de oxigenar a los partidos políticos a fin de evitar los armados de listas entre cúpulas o el festival de sublemas. Pero el debut de la flamante norma electoral, que obliga a las agrupaciones a realizar internas a pesar de haber consensuado una lista única, terminó desnaturalizada por las viejas mañas políticas.

La primera vez
La norma fue aplicada por primera vez el 21 de agosto, durante las primarias celebradas para seleccionar a los candidatos a intendente de Banda del Río Salí. Luego, pese a las críticas y los planteos judiciales, volvió a ser utilizada el 18 de diciembre para definir a los candidatos a convencionales constituyentes de las distintas fuerzas.
Al final, las 11 agrupaciones que participaron de esos ineludibles comicios presentaron listas únicas. Lo que se mostró como una idea innovadora para hacer renacer a los partidos, terminó por transformarse en un remedio inservible para muchos de ellos: la obligación de sumar un piso de sufragios en la primaria (10% del padrón de afiliados), para adquirir el derecho a disputar la elección general, se convirtió en un requisito difícil de cumplir en tiempos de desinterés ciudadano y de arcas vacías.

Democracia interna
En su clásico libro "El orden político de las sociedades en cambio", el politólogo Samuel Huntington postula que los partidos políticos suponen "la fuente de legitimidad" de los candidatos a través de "la ideología, el carisma o la soberanía popular. "Para perdurar cada uno de estos principios debe estar encarnado en un partido. En lugar de que este refleje al Estado, el Estado se convierte en una creación e instrumento del partido", sostiene.
Los especialistas esgrimen que la lógica que se aplica al sistema democrático se debe aplicar también a los asuntos internos de las organizaciones partidistas. Si el objetivo de la democracia es que la gente tenga el derecho de escoger, pues es entonces que a través de las elecciones internas la ciudadanía selecciona y adquiere control sobre sus dirigentes políticos. Así como se está facultado para votar en las elecciones generales, de la misma forma los miembros de un partido político deben tener el derecho de elegir o de rechazar a sus líderes y candidatos.
En nuestro país, las internas abiertas aparecieron en la vida institucional como una respuesta a la crisis política de 2001. El ex presidente Eduardo Duhalde impulsó la ley 25.611, pero la norma fue reglamentada por el actual mandatario, Néstor Kirchner a través del decreto 292. A diferencia de lo que ocurre en Tucumán, la ley dispone que no deben realizarse las internas cuando una sola lista se haya inscripto en la contienda. No obstante, la práctica corrobora que fueron empleados distintos subterfugios para evitar su aplicación.
En 2003, por ejemplo, el peronismo presentó tres postulantes a presidente (Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá), aunque con diferentes denominaciones. En 2005, en tanto, el oficialismo volvió a evitar las internas en Buenos Aires con dos listas a diputados formadas por dirigentes del mismo partido.
La historia de los procesos electorales tucumanos demuestra que, desde el retorno de la democracia en 1983, se pasó de la no regulación a la regulación absoluta respecto de cómo se dilucidan las postulaciones dentro de los partidos. Así, de la decisión en manos de las cúpulas partidarias se pasó en 1987, tras el reclamo de mayor participación de los afiliados, a la concreción de internas partidarias.
Aquel año se presentaron más de 20 listas de precandidatos en los comicios internos del justicialismo. La ley 5.857 dividió en tres las secciones electorales tanto para la selección de gobernador como de legisladores provinciales. Sin embargo, el proceso fue tan desgastante que, un año después, el recinto legislativo de Rivadavia 25 cobijó la sanción de la Ley de Lemas: el 14 de noviembre de 1988 el sistema de sublemas fue aprobado por el Senado.
Con el correr de los años y, a raíz de los estragos cometidos a partir de la Ley de Lemas, todo el arco político provincial estuvo de acuerdo en poner coto al sistema. Así surgió, en marzo de 2005, el Capítulo XII en la Ley de Partidos Políticos 5.454, que establece la obligatoriedad de las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos.
Con los antecedentes señalados, y tras la reforma constitucional, se deberán rediscutir las pautas electorales, por lo que las expectativas puestas en torno del retorno de la vida interna en los partidos tucumanos se diluyen a la par que se aproxima el año electoral. La definición de una nueva norma se concretaría a principios del próximo año, luego de que en el oficialismo se acuerden muchos temas pendientes.
Quizá convendría recordar una advertencia formulada hace 116 años por Leandro Alem: "los grandes pueblos necesitan grandes partidos políticos".

53
son los partidos políticos que gozan de reconocimiento.

180
concejales y 19 intendentes podrán ser reelectos en 2007.

93
comisionados rurales deberán elegirse en los comicios.

5
bancas de diputados nacionales se renovarán el año próximo.

49
legisladores conformarán la Cámara, a partir de lo dispuesto en la reforma constitucional (tendrá nueve miembros más).

2
veces deberían concurrir a sufragar los tucumanos en 2007: para cargos nacionales (fórmula presidencial y renovación parcial de Diputados) y para los cargos públicos provinciales.


Por Enrique Zuleta Puceiro - analista politico
Un análisis de la realidad actual de las principales fuerzas políticas sugiere que el proceso de crisis de identidad y fragmentación de las fuerzas tradicionales abierto en el año 2001 ha desembocado en una dinámica general de oligopolización y de cartelización de las organizaciones partidarias, con el riesgo cierto de convertirlas en meras maquinarias egoístas y autorreferenciales de dominio territorial.
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina y se verifica en la mayor parte de las democracias actuales. El concepto de partido "cártel" alude a un tipo específico de formación política constituida a partir de su focalización en la tarea de acceder al control de presupuestos estatales y la "captura" de funciones públicas.
En un marco de regulaciones electorales difusas y cambiantes, la sociedad asiste atónita a una multiplicación de procesos de compromisos, alineamientos y realineamientos constantes, en función de alianzas pragmáticas y ocasionales. Desde esta perspectiva se explica el fenómeno creciente del transfuguismo político o la propia disolución de los partidos en concertaciones, alianzas o frentes cívicos cada vez más heterogéneos y cambiantes. En un contexto de declive de los factores ideológicos y programáticos, se acentúa la personalización de las lealtades y el carácter material y concreto de los compromisos políticos.
La resistencia social a este tipo de fenómenos es también cada vez más clara y rotunda. En las democracias contemporáneas, la causa primera y principal del rechazo social a la política es el rechazo al internismo partidario y al espíritu de confrontación permanente que suele animar los discursos políticos convencionales. Contra lo que indica el sentido común, la sociedad ha depositado en los partidos expectativas que estos están muy lejos de poder satisfacer. El fracaso de los partidos para hacerse cargo de tareas muy superiores a sus fuerzas genera un vacío que pasa a ser cubierto por los medios de comunicación, las estrellas del deporte, el mundo empresario o incluso el espectáculo.
En el caso argentino, la situación es paradójica. Por una parte, la sociedad demanda a los partidos que vuelvan a sus funciones tradicionales (representar intereses, definir políticas, movilizar energías sociales, cultivar utopías). Por otra parte, rechaza de modo abierto el intento de la política de orientar a una sociedad civil a la que se idealiza y se supone depositaria exclusiva de las reservas de virtud cívica. Este nuevo utopismo social castiga sin piedad la relatividad de los partidos políticos.

Por Raúl Augusto Hernández - sociólogo
Los jóvenes no tienen cabida en la política de estos tiempos. Para muchos, esta realidad es producto de la falta de cambio de los partidos políticos; se quedaron inmóviles y el tiempo pasó. ¿Es verdad?
Mirando los hechos al trasluz de los tiempos, podremos advertir grandes cambios ocurridos en la política. Las grandes distancias ideológicas que enfrentaban a los partidos han tendido a diluirse en las últimas décadas, en el nacimiento de la política de masas: la cara opuesta de la política de ideas. En la vieja tradición, las ideas separaban a las personas por opuestas visiones del orden social. Un conservador aquí y un socialista allá, sin mezclar sus discursos ni en una línea siquiera. Ser conservador no avergonzaba a nadie, se sostenía sin vergüenza la necesidad de mantener distancias sociales, y existía un proletariado de aspiraciones moderadas.
Para Emile Duskheim, el trabajador manual debía fijarse un modesto rango de aspiraciones, de lo contrario sería imposible mantener el orden social. No hubiera sido posible mantener la disciplina productiva. Ambiciones excesivas producen un malestar que conduce al desorden. Anarquistas, ácratas y socialistas, por vías opuestas, agitaban las banderas de la igualdad.
No podía esperarse nada distinto que el fuego juvenil tomara uno u otro camino: a la derecha o a la izquierda. Este esquema bidireccional muere con la política de masas estimulada por el entonces secretario de Trabajo: Juan Domingo Perón. "Las luchas sociales son destructivas", dijo. Así, ordenó el fin de los conflictos entre socialistas y comunistas por el control de los sindicatos. ¡Fuera José Doménech (CGT 1) y Francisco Pérez Leirós (CGT 2)!
Así, las distancias se acortaron. Hoy, radicales y peronistas se confunden en repudio al conservadurismo. Sólo quedan diferencias de símbolos y de tradiciones. Han convertido sus partidos en corporaciones gobernadas por oligarquías internas; algunas por familias. Las luchas ideológicas dejaron su lugar en manos de las tradiciones caudillistas de los Rodríguez Saá, de los Romero, de los Saadi, o del inolvidable nepotismo de la familia Snopek.
Para los jóvenes, hoy, ningún destino mejor que buscar protección bajo el ala de un caudillo.