Las causas contra la reforma están en el fuero contencioso administrativo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá tratar dos causas más abiertas contra la reforma de la Constitución provincial y que fueron remitidas desde la Corte Suprema de Justicia. Como consecuencia, todas las demandas contra diferentes aspectos del nuevo texto de la Carta Magna están radicadas en ese fuero.
El máximo tribunal se declaró incompetente para analizar los expedientes con los planteos formulados, por separado, por los conductores de Defensa Provincial Bandera Blanca (Exequiel Avila Gallo y Luis Ortiz) y del Movimiento Popular Tres Banderas (Alejandro Sangenis). La decisión fue adoptada por los vocales Alfredo Dato, René Mario Goane y Alberto José Brito, y Antonio Gandur se pronunció en disidencia (dijo que el cuerpo debía entender en estos temas). Héctor Eduardo Area Maidana se excusó.
Según el criterio mayoritario de la Corte, la Convención Constituyente es un órgano estatal de existencia contingente y transitoria y, por ende, sus actos son imputables al Estado, no obstante, no integra ningún poder constituido. Como corolario, las acciones deben ser resueltas por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Los vocales también aclararon que el prudente examen que efectúan para determinar en qué excepcionales casos la Corte Suprema debe actuar según su competencia exclusiva y originaria -no como consecuencia de la interposición de recursos contra decisiones de tribunales inferiores- se vincula a la necesidad de preservar y fortalecer su rol institucional.
En cambio, Gandur consideró que el alto tribunal debe actuar en las acciones declarativas de inconstitucionalidad para mantener el criterio de competencia sentado en seis fallos anteriores, en los cuales se tuvo especialmente en cuenta la naturaleza jurídica del acto cuestionado, antes que el órgano que lo emitió. “No cabe duda de que, si se impugna una norma de la Ley Fundamental (supuesto no mencionado expresamente por el Código Procesal Constitucional), se debe interpretar que resulta competente la Corte por la materia impugnada”, resaltó.
Dato advirtió que la pretensión efectuada por los denunciantes en estos casos es distinta de las que fueron invocadas en las causas mencionadas por Gandur. Brito, por su parte, destacó que las cláusulas objetadas no fueron aprobadas por ninguno de los poderes del Estado, sobre cuya conducta tiene competencia la Corte.
Avila Gallo había requerido la nulidad de los artículos relacionados con el Jurado de Enjuiciamiento (JE); el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM); los privilegios para ediles e intendentes; la mayoría calificada especial para destituir al gobernador y al vice mediante juicio político; la conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP); el sistema de enmiendas parlamentarias, y la colegiación obligatoria. Sangenis, por su parte, objetó la JEP y que pidió no se obligue a los funcionarios que son candidatos a que tomen licencia.

Excepciones previas
El proceso más avanzado es el del Colegio de Abogados, respecto del cual se espera que la fiscal Elena Sangenis dictamine sobre las excepciones (defensas procesales) interpuestas por el Poder Ejecutivo. Luego, la sala II de la Cámara (integrada por Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo) resolverá estas cuestiones calificadas de previo pronunciamiento. Una vez que se resuelva este punto, se abocará a estudiar el fondo de la cuestión.