Avanzan las obras para abrir las tragamonedas de Casino Club

Las luces intermitentes de un enorme cartel llaman la atención desde lejos. "Casino Club Entretenimientos", puede leerse a la distancia. De noche resalta como si fuese una congregación de cientos de luciérnagas en el aire. Quizá por una estrategia de marketing, el letrero también permanece encendido durante el día. Los vecinos y los automovilistas que circulan por la avenida Adolfo de la Vega al 400 ya saben que en el reacondicionado salón, donde años atrás se vendían autos 0 Km, ahora funcionará un salón de juegos de azar con 300 máquinas tragamonedas.
Los trabajos de la firma Casino Club SA avanzaron con prisa esta semana, porque la intención es abrir el local antes de fin de mes. Inclusive, ya citaron a los postulantes a integrar la planta de personal del local de juegos. Hasta ayer, cientos de jóvenes se acercaron al lugar con la esperanza de obtener un puesto de trabajo.
El emplazamiento de la nueva sala de juegos electrónicos no se detiene. Pero la empresa de origen patagónico, en realidad, pretende instalar un total de 1.000 tragamonedas en el Hipódromo de Tucumán. Sin embargo, las trabas judiciales y los planteos de rechazo obligaron a la empresa a cambiar de escenario. De ese modo, optaron por abrir este local con 300 máquinas de las 1.000 concesionadas por la Caja Popular.

Un convenio polémico
La polémica por la habilitación de 1.000 tragamonedas se remonta a los primeros tiempos de la gestión de José Alperovich. El 11 de noviembre de 2004, el Poder Ejecutivo prorrogó por 20 años un convenio con el Jockey Club. Con esa decisión se autorizó a la institución a continuar con la explotación de la actividad del Hipódromo. En la prórroga, se habilitó a la entidad a instalar un centro de entretenimientos, construido por Casino Club, que recibió la concesión para operar las tragamonedas a través de una adjudicación directa. Aquella decisión generó un fuerte debate entre la oposición y el Gobierno, que derivó en la renuncia de Juan Carlos Veiga a la intervención de la Caja Popular. El dimitente había ampliado a 1.000 el cupo de maquinitas.
El 25 de noviembre de 2004, la Justicia objetó la concesión. El fallo de la magistrada Viviana Calzetta de Vidal consignó que el Jockey Club no podía ser beneficiario de una concesión de salas de juego. El Gobierno respondió con la resolución 895/04, por la que autorizó directamente a Casino Club a operar las tragamonedas.