El bloque de legisladores del PJ definiría mañana su posición en torno de dos polémicos proyectos. Con uno, el oficialismo pretende retirarles el control de la matrícula a los colegios de Abogados y de Procuradores, para que lo asuma la Corte. Con el otro, crea un tribunal de apelaciones por encima de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
En el peronismo las posiciones siguen enfrentadas, mientras se endurecen las críticas de los profesionales contra las propuestas. El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Antonio Bustamante, denunció la situación en medios de prensa nacionales (Ver "Peligra..."). En tanto, el secretario de la entidad, Francisco García Posse, negó que haya negociaciones con el Ejecutivo para hallar una salida a la situación.
Mientras los alperovichistas pretenden que las propuestas se traten y aprueben en la sesión que se en principio se hará el martes, los juristas rechazan las iniciativas de cuajo. En ese contexto, crece una tercera posición, que busca congelar el tratamiento de las propuestas y evitar un enfrentamiento interno.
El criterio que adopte la bancada será crucial para determinar la suerte de la próxima sesión. El bloque se reuniría un par de horas antes que la Labor Parlamentaria, que tendría lugar el viernes. En las últimas horas se trabajaba para que no se fuerce un mandato para votar en uno u otro sentido, porque podría terminar por fracturar al oficialismo parlamentario. Este sería el peor escenario político, por lo que se potencia una estrategia de distensión.
Más audiencias
Juri mantiene su ronda de diálogo con distintos factores alcanzados (directa o indirectamente) por la iniciativa oficialista. Ayer se reunió con empleados del Colegio de Abogados de la capital, quienes le manifestaron su preocupación por el riesgo en que quedará su fuente de trabajo en caso de que prospere la iniciativa. Hoy recibirá a representantes de los colegios de Arquitectos y de Bioquímicos.
Jorge Ludueña integró la delegación de los empleados del colegio de Abogados. "La aprobación de la ley implicará el ahogo económico del colegio y la pérdida de nuestros empleos, porque la institución se quedará sin recursos genuinos para los salarios y para los costos de funcionamiento. Destacamos el hecho de que el vicegobernador nos haya atendido y esté preocupado por esta situación. No hemos analizado si existe o no un conflicto institucional, porque nos limitamos al tema laboral", explicó. Del encuentro participaron también Carlos Rodríguez, Marcelo Bautista y María Otaiza.
Versiones rechazadas
Las versiones sobre un acercamiento entre directivos de los abogados y el secretario General de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, y el fiscal de Estado, Antonio Estofán, fueron refutadas por García Posse. "No hay ninguna negociación; no es verdad lo que se dice. No nos mostraron ningún proyecto ni hay conversaciones en este momento. Nunca hemos negado el diálogo, al cual siempre estuvimos dispuestos, pero no hay nada", dijo. Reiteró además que no van a retirar la acción judicial encarada contra la reforma constitucional y confirmó el rechazo de las leyes en debate.
"No hay que dejar solos a los abogados tucumanos. Temo un efecto dominó en el país por esta propuesta, que pone en peligro el desarrollo libre de la profesión", advirtió Antonio Bustamante en Buenos Aires. El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán recibió el apoyo de su par de Capital Federal, Jorge Rizzo, en el rechazo a los proyectos que crean un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y que le quitan al colegio el control de la matrícula.
"Los miembros del poder político provincial quieren amordazar las causas sobre corrupción con jueces elegidos por ellos que revisen los fallos", acusó el letrado tucumano en los medios porteños.
El legislador bussista Carlos Canevaro afirmó que la propuesta del oficialismo de retirarles el control de la matrícula a los abogados es una cortina de humo para conseguir su real objetivo: la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo para analizar las sentencias que emita la Cámara de ese fuero contra el Gobierno.
El republicano confirmó que en la sesión del próximo martes no se tratará la iniciativa de la matrícula profesional, mientras que el otro proyecto polémico, aparentemente, sí integrará el orden del día. "El Ejecutivo nunca tuvo la firme intención de sancionar la ley contra los colegios: el negocio es el Tribunal", aseguró.
En el peronismo las posiciones siguen enfrentadas, mientras se endurecen las críticas de los profesionales contra las propuestas. El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Antonio Bustamante, denunció la situación en medios de prensa nacionales (Ver "Peligra..."). En tanto, el secretario de la entidad, Francisco García Posse, negó que haya negociaciones con el Ejecutivo para hallar una salida a la situación.
Mientras los alperovichistas pretenden que las propuestas se traten y aprueben en la sesión que se en principio se hará el martes, los juristas rechazan las iniciativas de cuajo. En ese contexto, crece una tercera posición, que busca congelar el tratamiento de las propuestas y evitar un enfrentamiento interno.
El criterio que adopte la bancada será crucial para determinar la suerte de la próxima sesión. El bloque se reuniría un par de horas antes que la Labor Parlamentaria, que tendría lugar el viernes. En las últimas horas se trabajaba para que no se fuerce un mandato para votar en uno u otro sentido, porque podría terminar por fracturar al oficialismo parlamentario. Este sería el peor escenario político, por lo que se potencia una estrategia de distensión.
Más audiencias
Juri mantiene su ronda de diálogo con distintos factores alcanzados (directa o indirectamente) por la iniciativa oficialista. Ayer se reunió con empleados del Colegio de Abogados de la capital, quienes le manifestaron su preocupación por el riesgo en que quedará su fuente de trabajo en caso de que prospere la iniciativa. Hoy recibirá a representantes de los colegios de Arquitectos y de Bioquímicos.
Jorge Ludueña integró la delegación de los empleados del colegio de Abogados. "La aprobación de la ley implicará el ahogo económico del colegio y la pérdida de nuestros empleos, porque la institución se quedará sin recursos genuinos para los salarios y para los costos de funcionamiento. Destacamos el hecho de que el vicegobernador nos haya atendido y esté preocupado por esta situación. No hemos analizado si existe o no un conflicto institucional, porque nos limitamos al tema laboral", explicó. Del encuentro participaron también Carlos Rodríguez, Marcelo Bautista y María Otaiza.
Versiones rechazadas
Las versiones sobre un acercamiento entre directivos de los abogados y el secretario General de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, y el fiscal de Estado, Antonio Estofán, fueron refutadas por García Posse. "No hay ninguna negociación; no es verdad lo que se dice. No nos mostraron ningún proyecto ni hay conversaciones en este momento. Nunca hemos negado el diálogo, al cual siempre estuvimos dispuestos, pero no hay nada", dijo. Reiteró además que no van a retirar la acción judicial encarada contra la reforma constitucional y confirmó el rechazo de las leyes en debate.
"Peligra el desarrollo libre de la profesión"
"No hay que dejar solos a los abogados tucumanos. Temo un efecto dominó en el país por esta propuesta, que pone en peligro el desarrollo libre de la profesión", advirtió Antonio Bustamante en Buenos Aires. El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán recibió el apoyo de su par de Capital Federal, Jorge Rizzo, en el rechazo a los proyectos que crean un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y que le quitan al colegio el control de la matrícula.
"Los miembros del poder político provincial quieren amordazar las causas sobre corrupción con jueces elegidos por ellos que revisen los fallos", acusó el letrado tucumano en los medios porteños.
En contra de un tribunal de apelaciones
El legislador bussista Carlos Canevaro afirmó que la propuesta del oficialismo de retirarles el control de la matrícula a los abogados es una cortina de humo para conseguir su real objetivo: la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo para analizar las sentencias que emita la Cámara de ese fuero contra el Gobierno.
El republicano confirmó que en la sesión del próximo martes no se tratará la iniciativa de la matrícula profesional, mientras que el otro proyecto polémico, aparentemente, sí integrará el orden del día. "El Ejecutivo nunca tuvo la firme intención de sancionar la ley contra los colegios: el negocio es el Tribunal", aseguró.
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