Amaya no hizo las auditorías que el Concejo pidió en 2004

Los expedientes abiertos por irregularidades detectadas en el manejo de los fondos públicos durante la gestión del ex intendente de la capital Antonio Alvarez (hoy legislador del PJ) duermen en algún cajón de la intendencia. El año 2003, último año de la gestión de Alvarez como intendente de la ciudad, fue tan complicado para él, que al final fue destituido de ese cargo y fue reemplazado por la concejala Marta de Ezcurra.
Al asumir Domingo Amaya la jefatura municipal comenzó a analizar las cuentas públicas. Inclusive, el mismo día que juró como intendente, dijo que su primer acto de gobierno sería ordenar una auditoría en la Municipalidad. Así lo hizo y, con el tiempo, detectó numerosas irregularidades de la gestión Alvarez, que quedaron registradas en el informe que envió al Concejo Deliberante el 31 de mayo de 2004. Ese documento había sido firmado también por el Secretario de Hacienda, Roberto Sollazzi. El texto señala: “se acompaña el expediente de 17 fojas, donde el departamento de contabilidad expresa observaciones sobre irregularidades detectadas en los registros, archivos y documentación sustentatoria en violación a lo normado por la ordenanza de contabilidad 570/80”.

Sin precedentes
La cuenta de inversión 2003, que es la rendición de gastos, fue rechazada por los concejales, en un acto sin precedentes en la historia política del municipio. En aquella sesión del 1 de diciembre de 2004, los concejales habían pedido al intendente Amaya que efectuara todas las presentaciones judiciales para que se determine si Alvarez o sus colaboradores cometieron delito.
Además, se solicitó a la contaduría general del municipio que informe si se individualizó a los responsables del mal manejo de los fondos públicos y si se realizaron las denuncias judiciales.
Pero el tiempo pasó y no hubo ningún avance. Los concejales ni siquiera recibieron una respuesta sobre el caso. El último intento de los ediles por lograr una respuesta de la intendencia se dio el 20 de abril de este año. Ese día el Concejo aprobó una nueva resolución (3.920), en la que se pide a Amaya que informe en un plazo de 48 horas si hubo alguna denuncia judicial al respecto. Los concejales recordaron -en ese documento- las anteriores resoluciones. Las conveniencias políticas lograron imponerse, en este caso, para que, a pesar de las anormalidades detectadas, no se adoptara ninguna medida.