08 Septiembre 2002 Seguir en 
El incremento de un 30% en las causas que las defensorías oficiales penales demuestra que el aumento de la pobreza y el de la delincuencia transitan líneas paralelas, según la evaluación que hizo sobre el tema Edmundo Chavarría, secretario de las defensorías.
Esa cifra surgió de la comparación estos ocho meses de 2002 respecto del mismo período del año pasado, y para completar el cuadro Chavarría calcula que cada defensor oficial (son siete) tiene en sus manos unas 900 causas en trámite.
Los delitos que más crecieron en este período, según dijo el funcionario, son los robos y hurtos (un 20%), las amenazas y lesiones (60%), abusos sexuales (15%) y usurpaciones (15%).Además, últimamente se les sumaron casos que antes no pasaban por las defensorías. Tales son los casos de las estafas y de los incumplimientos de deberes familiares. La situación se complica más cuando quien acude a las oficinas es la víctima, puesto que los defensores deben asumir el rol que querellante y actor civil; de ese modo se duplica su trabajo.Las defensorías oficiales atienden gratuitamente a gente sin recursos para pagar defensores o querellantes (por ello antes se llamaban Defensorías de Pobres y Ausentes).
Inicialmente eran diez, pero en 1997 renunció un defensor y su cargo no fue cubierto. Un año después, una de las defensorías pasó a la órbita Civil y del Trabajo. Actualmente, una defensora está con una prolongada licencia médica, por lo que sólo trabajan siete.
"Tenemos una sola computadora en condiciones, y una vieja que no tiene impresora", dijo Chavarría, quien tiene a su cargo cinco de las defensorías (de la Iª a la Vª, con dos vacantes), ya que las otras son coordinadas por la secretaria Ana Díaz de Díaz, y están en la misma situación.
Además, por cada uno de los dos grupos de cinco defensorías hay seis empleados, lo que resulta insuficiente para el volumen de trabajo que hay en esas pequeñas oficinas ubicadas en La Madrid al 400, frente al Palacio de Tribunales.
A pesar de ello, las defensorías tienen, según Chavarría, muy buenos resultados en los casos que llevan adelante, lo que muchas veces lleva a los acusados a prescindir de los servicios de abogados particulares, y ello recarga el trabajo de las defensoras oficiales.
Esa cifra surgió de la comparación estos ocho meses de 2002 respecto del mismo período del año pasado, y para completar el cuadro Chavarría calcula que cada defensor oficial (son siete) tiene en sus manos unas 900 causas en trámite.
Los delitos que más crecieron en este período, según dijo el funcionario, son los robos y hurtos (un 20%), las amenazas y lesiones (60%), abusos sexuales (15%) y usurpaciones (15%).Además, últimamente se les sumaron casos que antes no pasaban por las defensorías. Tales son los casos de las estafas y de los incumplimientos de deberes familiares. La situación se complica más cuando quien acude a las oficinas es la víctima, puesto que los defensores deben asumir el rol que querellante y actor civil; de ese modo se duplica su trabajo.Las defensorías oficiales atienden gratuitamente a gente sin recursos para pagar defensores o querellantes (por ello antes se llamaban Defensorías de Pobres y Ausentes).
Inicialmente eran diez, pero en 1997 renunció un defensor y su cargo no fue cubierto. Un año después, una de las defensorías pasó a la órbita Civil y del Trabajo. Actualmente, una defensora está con una prolongada licencia médica, por lo que sólo trabajan siete.
"Tenemos una sola computadora en condiciones, y una vieja que no tiene impresora", dijo Chavarría, quien tiene a su cargo cinco de las defensorías (de la Iª a la Vª, con dos vacantes), ya que las otras son coordinadas por la secretaria Ana Díaz de Díaz, y están en la misma situación.
Además, por cada uno de los dos grupos de cinco defensorías hay seis empleados, lo que resulta insuficiente para el volumen de trabajo que hay en esas pequeñas oficinas ubicadas en La Madrid al 400, frente al Palacio de Tribunales.
A pesar de ello, las defensorías tienen, según Chavarría, muy buenos resultados en los casos que llevan adelante, lo que muchas veces lleva a los acusados a prescindir de los servicios de abogados particulares, y ello recarga el trabajo de las defensoras oficiales.







