Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán sancionó a progenitores y abogados tras frenar el uso indebido de la figura del abogado del niño en el marco de un conflicto familiar.
- En una audiencia interdisciplinaria, el tribunal constató que la menor no comprendía el patrocinio y que las designaciones respondían a los intereses de sus padres.
- El fallo sienta un precedente para evitar la manipulación de garantías procesales infantiles en disputas parentales dentro del fuero de familia provincial.
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La Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital declaró de oficio la nulidad de una serie de actuaciones recursivas y aplicó multas económicas tanto a los padres de una niña como a dos profesionales del derecho. La resolución judicial fijó como eje central que la designación del abogado del niño debe responder estrictamente al deseo genuino y a la autonomía progresiva de la persona menor de edad, y no constituir una prolongación del conflicto entre adultos.
El proceso judicial revisaba originariamente el régimen de cuidado personal de una niña. En noviembre de 2024, la Cámara resolvió revocar el cuidado unilateral materno para disponer un esquema compartido alternado cada 15 días entre ambos progenitores. A partir de dicha notificación, se sucedieron presentaciones procesales donde la niña apareció designando sucesivamente a dos letrados distintos según convivía con uno u otro padre, con planteos de nulidad de la sentencia y desistimientos que se contradecían entre sí en lapsos breves. Frente al curso errático que tomaron las actuaciones, el tribunal convocó a la niña a una audiencia para ejercer de manera directa su derecho a ser escuchada en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La reunión contó con la intervención de los vocales del tribunal, representantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, y una psicóloga del Gabinete Psicosocial del Poder Judicial. El informe técnico emitido tras el encuentro detalló que la menor no lograba dar cuenta de razones sobre la necesidad de contar con asistencia letrada propia, exhibiendo dificultades para expresarse con libertad por la incidencia de las posturas de sus padres. A partir del análisis multidisciplinario y de la observación de la conducta no verbal en la audiencia, los vocales Ana Josefina Fromm y Hugo Felipe Rojas concluyeron que los profesionales intervinientes no actuaban como portavoces del interés personal de la niña, sino como representantes de las posiciones de los propios adultos.
En su fundamentación, el fallo subrayó que la figura prevista por la Ley 26.061 y el Código Civil y Comercial de la Nación constituye una prerrogativa para hacer oír la voz de niños, niñas y adolescentes y no una herramienta sujeta a la dirección de los progenitores en litigio.
La nulidad de oficio y el destino de las sanciones
En el plano procesal, el pronunciamiento judicial remarcó que las sentencias dictadas por la Cámara de Apelaciones sólo admiten impugnación mediante aclaratoria o el recurso extraordinario de casación, sin que el ordenamiento procesal provincial contemple la articulación de incidentes de nulidad en esa instancia. Por este motivo formal, sumado a la falta de discernimiento y voluntad espontánea de la menor para requerir patrocinio técnico, el tribunal anuló todo lo actuado a partir de la presentación de diciembre de 2024 y descartó también la designación de un letrado oficial. El tribunal encuadró el comportamiento de los progenitores y de los letrados en la inobservancia de los deberes de probidad, lealtad y buena fe contemplados en la ley adjetiva, y señaló la existencia de un uso abusivo de las vías recursivas que extendió innecesariamente el litigio.
Los jueces indicaron que la conducta de los involucrados vulneró el principio de autonomía progresiva al no permitir que la niña manifestara su parecer exenta de presiones externas dentro del proceso de familia. Como consecuencia de estas infracciones, la sentencia aplicó una sanción de tres consultas escritas a cada uno de los progenitores y de una consulta escrita a cada uno de los dos abogados que intervinieron sucesivamente en nombre de la niña. Los montos resultantes de dichas penalidades fueron asignados a dos entidades asistenciales: los fondos de los padres deberán abonarse a la Fundación Ayuda para el Niño con Autismo (ANIA), mientras que las sumas de los letrados tendrán como destino el Hospital del Niño Jesús.
Con la declaración de nulidad de las actuaciones incidentales, la resolución despejó el trámite del expediente para dar curso formal al recurso de casación que había sido deducido por la madre contra la decisión de fondo vinculada al régimen de cuidado compartido.
