Reclaman que los colegios controlen las matrículas

El conflicto institucional en torno del proyecto de ley que propone retirarles el control de la matrícula a los colegios de abogados sigue sumando cuestionamientos contra el oficialismo en el orden nacional. La Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP) respaldó la posición asumida por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) y rechazó la iniciativa impulsada desde el justicialismo parlamentario.
La propuesta sería debatida por la Legislatura a fines de esta semana, en una sesión clave. Antes, la bancada oficialista haría un último esfuerzo por tratar de consensuar una posición. Los juristas aún se mantienen en una posición crítica en torno del proyecto.

Mandato expreso
El secretario de Hacienda de la CGP, Andrés Brunetti, le confirmó a LA GACETA que esa entidad apoya a los colegios tucumanos en la defensa de que el ejercicio profesionales sea supervisado por los propios pares. “Confiamos en que no termine en un conflicto y que la situación se resuelva por la vía civilizada de la discusión, pero siempre manteniendo el registro de la matrícula en las organizaciones de la actividad. Es la única solución”, destacó.
Brunetti defendió la función social que desarrollan los colegios en todo el país, y remarcó que esa labor está suficientemente demostrada luego de años de cumplimiento de las obligaciones, sin que haya motivos para alterar el sistema. Agregó que la institución nacional que integra, y que preside el médico Raúl Magariños, emitirá un pronunciamiento formal, que será comunicado a las autoridades de la Provincia.
“La CGP me dio mandato expreso para apoyar las gestiones encaradas por el Colegio de Abogados en defensa de sus derechos, más allá de que tengan o no razón. Cuando hay un disenso sobre cualquier tema, la mejor manera para superarlo es la Justicia, que es la que se pronunciará sobre quién plantea lo correcto”, explicó el directivo.
El contador aclaró que la entidad central de los profesionales no tomó posición sobre la legalidad de los cuestionados institutos del Consejo Asesor de la Magistratura, ni del Jurado de Enjuiciamiento, consagrados en la nueva Constitución.

Respaldo de bioquímicos
La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) expresó su apoyo y solidaridad con los abogados, y rechazó la pretensión del oficialismo de quitarles la potestad de relevar la matrícula de sus asociados, la que debe ser obligatoria y estar en manos de los colegios. La Cubra reclamó que se respete la división de poderes, de modo concordante con la Constitución Nacional.
En un documento firmado por su presidente, Héctor Avila, los bioquímicos se pronunciaron en respaldo de la presentación judicial de los letrados, en la cual cuestionaron la constitucionalidad de la reforma, en lo referido al modo de designar y de remover a los magistrados, y de la modificación de la Carta Magna mediante la enmienda parlamentaria.


El Grupo Alberdi repudió los proyectos de ley del oficialismo, que quitan al Colegio de Abogados el control de la matrícula y crean un tribunal de apelaciones por encima de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Elsa Moreno, Teresa Piossek Prebisch, Clímaco de la Peña, Guillermo Oliver, Alfredo Bolsi, Juan Oliver y Adolfo Poliche afirmaron que el Ejecutivo hostiga a la entidad colegiada por el planteo judicial que frenó la integración del Consejo Asesor de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. “Esto demuestra que (el oficialismo) no está capacitado para gobernar con sujeción a las normas constitucionales”, aseveraron.
“No es la primera vez que atacan la independencia de la Justicia, con cambios a la Ley Orgánica de Tribunales que llegan a configurar reales despidos. Es el caso de seis Salas de la Cámara Penal, privadas de su competencia como Tribunal de Apelación en casos de actos de corrupción”, concluyeron.