El Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados analiza la actuación de dos abogados que representaron al Estado nacional (Laura Alercia y Guillermo Jerez, por el Ministerio de Economía) en procesos que se tramitaron ante la Justicia Federal contra la normativa que pesificó los títulos públicos, tras la declaración de que el país había entrado en default.
El titular del cuerpo, Enrique López Domínguez, aclaró que ellos se limitan a estudiar la labor profesional desarrollada, sin que un eventual pronunciamiento pueda tener efecto penal. Los expedientes llegaron a sus manos luego de haber pasado por la comisión directiva, que ya efectuó un primer análisis.
“El Colegio se maneja con cuidado y prudencia en una cuestión tan delicada y que puede causar tanto daño a la Justicia Federal. No queremos tomar decisiones que puedan influir en el Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación, pero se resolverá con la firmeza correspondiente, sea quien fuere el abogado”, advirtió López Domínguez.
Los dos expedientes serán abiertos a prueba durante 30 días, como manda la normativa que regula la actuación de abogados y procuradores. Durante ese plazo, los investigados, en el ejercicio de su derecho de defensa, podrán ofrecer y producir toda la prueba que consideren conveniente, sin perjuicio de las medidas que pudiera disponer el tribunal en el afán de llegar a la verdad material de lo ocurrido.
Amén de las medidas que vayan a requerir los abogados, el tribunal está facultado para requerir documentos, la comparecencia de testigos, inspecciones, pericias y toda otra medida que estime necesaria.
El tribunal también espera que el consejo directivo, que preside Antonio Bustamante, adopte una definición (si gira los casos a Etica y Disciplina) sobre otros cinco abogados, que patrocinaron a los particulares, que habían impulsado acciones civiles contra el Estado en el afán de conseguir que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los bonos a razón de $ 1,4 por dólar más CER. Los otros expedientes están vinculados a Daniel Martín, Alfredo Ducca, Agustina Carbonell, José Espejo y César Paliza (h).
Elemento clave
A los siete letrados (los dos que actuaron por el Estado y los otros cinco), el consejo directivo les corrió vistas, porque habían sido mencionados por la auditoría practicada por el Cuerpo de Auditores Judiciales del CM, que fue clave para someter a sumarios ante la comisión de Acusación a los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán. Este último está suspendido y afronta un proceso de destitución.
La auditoría reveló la existencia de presuntas maniobras para perjudicar al Estado, así como supuestas irregularidades en la tramitación de algunas causas.
El titular del cuerpo, Enrique López Domínguez, aclaró que ellos se limitan a estudiar la labor profesional desarrollada, sin que un eventual pronunciamiento pueda tener efecto penal. Los expedientes llegaron a sus manos luego de haber pasado por la comisión directiva, que ya efectuó un primer análisis.
“El Colegio se maneja con cuidado y prudencia en una cuestión tan delicada y que puede causar tanto daño a la Justicia Federal. No queremos tomar decisiones que puedan influir en el Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación, pero se resolverá con la firmeza correspondiente, sea quien fuere el abogado”, advirtió López Domínguez.
Los dos expedientes serán abiertos a prueba durante 30 días, como manda la normativa que regula la actuación de abogados y procuradores. Durante ese plazo, los investigados, en el ejercicio de su derecho de defensa, podrán ofrecer y producir toda la prueba que consideren conveniente, sin perjuicio de las medidas que pudiera disponer el tribunal en el afán de llegar a la verdad material de lo ocurrido.
Amén de las medidas que vayan a requerir los abogados, el tribunal está facultado para requerir documentos, la comparecencia de testigos, inspecciones, pericias y toda otra medida que estime necesaria.
El tribunal también espera que el consejo directivo, que preside Antonio Bustamante, adopte una definición (si gira los casos a Etica y Disciplina) sobre otros cinco abogados, que patrocinaron a los particulares, que habían impulsado acciones civiles contra el Estado en el afán de conseguir que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los bonos a razón de $ 1,4 por dólar más CER. Los otros expedientes están vinculados a Daniel Martín, Alfredo Ducca, Agustina Carbonell, José Espejo y César Paliza (h).
Elemento clave
A los siete letrados (los dos que actuaron por el Estado y los otros cinco), el consejo directivo les corrió vistas, porque habían sido mencionados por la auditoría practicada por el Cuerpo de Auditores Judiciales del CM, que fue clave para someter a sumarios ante la comisión de Acusación a los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán. Este último está suspendido y afronta un proceso de destitución.
La auditoría reveló la existencia de presuntas maniobras para perjudicar al Estado, así como supuestas irregularidades en la tramitación de algunas causas.
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