La Provincia no logra recuperar terrenos

La usurpación de terrenos fiscales se transformó en un dolor de cabeza para el Gobierno provincial. Mientras el número de denuncias judiciales sigue en aumento, el Poder Ejecutivo no consiguió hasta el momento recuperar ninguno de los inmuebles públicos por los que ha entablado demandas en los Tribunales.
Esta vez, mediante el decreto 2.055/3, el gobernador, José Alperovich, encomendó a la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado el inicio de las medidas necesarias para recuperar la posesión de 28 inmuebles ocupados en forma irregular. Todos los lotes públicos que integran el último expediente se encuentran emplazados en Yerba Buena.
El domingo 7 de mayo, LA GACETA hizo público un informe preliminar elaborado por técnicos de la Dirección de Catastro. En el documento se detalla el listado de las tierras ocupadas, su ubicación, los planos y las fotografías de cada predio.

Pedidos de desalojo
El Poder Ejecutivo ya agotó la vía administrativa prevista para el recupero de los bienes ocupados, vía que implicó el envío de cartas documento a los ocupantes que pudieron ser individualizados, a fin de que acreditaran la tenencia y la eventual buena fe de la posesión. Como medida complementaria, el Estado efectuó la posterior remisión de los casos a Tribunales, para que sea la Justicia la que disponga las medidas de desalojo pertinentes.

Nuevas inspecciones
Según reconocieron desde la Dirección de Catastro, en sede judicial obran no menos de 100 denuncias impulsadas por la repartición, que fueron canalizadas por medio de Fiscalía de Estado.
“Honestamente, debo decir que aún no hemos obtenido el resultado que nosotros esperábamos”, señaló el director de Catastro, Félix Herrero.
Es probable que al último paquete de denuncias se sumen, durante las próximas semanas, los recientes casos detectados durante inspecciones realizadas en las zonas de San Javier (se calcula que hay 45 ocupaciones nuevas) y en la villa turística de El Cadillal. Precisamente, fue en esta comuna rural donde estalló un escándalo, en julio de 2005, cuando LA GACETA difundió un informe con el detalle de 63 ocupaciones presuntamente irregulares en la zona del perilago.
El caso, que involucró a dirigentes políticos y a empresarios, determinó que desde Casa de Gobierno se agilizaran las medidas tendientes a ordenar la situación de todos los predios provinciales.
Sin embargo, hasta el momento se ha logrado recuperar los inmuebles públicos en litigio.