En el PJ no acuerdan posición

La tensa situación interna en el bloque peronista por las diferentes opiniones en torno del proyecto de quitarle el control de la matrícula al Colegio de Abogados lo ponen al borde de una fractura. Los roces entre alperovichistas y juristas calientan el clima parlamentario, al punto que obligarían a diferir el tratamiento de esta propuesta hasta que se acuerde el texto. Desde el propio PJ se impulsa la idea de no forzar el tratamiento en la sesión prevista para esta semana, hasta tanto no tener consolidado un criterio dentro de su bancada.
Los juristas, reacios a la iniciativa, piden que se disponga la libertad de conciencia para que cada legislador vote como quiera. Los alperovichistas quieren que haya un mandato de bloque, confiados en ser mayoría e imponer su criterio.
Pese a los problemas, Alejandro Martínez confía en que se podrá superar la crisis sin llegar a una ruptura. “Estoy a favor y soy firmante de la propuesta, y no voy a borrar con el codo lo escrito con la mano. Cuando sea la reunión, se decidirá si se lo trata o no; y lo que se decida, será llevado al recinto y votado por unanimidad. Ningún legislador del justicialismo se puede apartar de lo que se resuelva. Estamos todos o ninguno”, aseveró.
Martínez rescató que el disenso se producirá en la discusión interna. Señaló que así viene trabajando el bloque, y que así lo seguirá haciendo, y recordó que hubo varios legisladores oficialistas que no querían interpelar al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, por el caso de Paulina Lebbos, pero que no hubo disidencias cuando se resolvió hacerlo. “No se va a fracturar el grupo. Todos estamos en la misma lucha y sabemos muy bien adónde vamos y qué queremos”, sostuvo.

Jerarquización
El oficialista rechazó las críticas de los colegios profesionales a la norma propuesta, al afirmar que esas instituciones desvirtúan su sentido. “Varios legisladores fuimos constituyentes y les dimos la colegiación obligatoria para fortalecerlos; ahora tienen todo mucho más fácil y nadie puede decir que los estamos atacando. No estaba de acuerdo con ese punto, pero accedí por la posición del bloque. El movimiento obrero no tiene esa posibilidad, porque la afiliación no es compulsiva”, señaló.
El legislador pidió a los abogados que solucionen sus problemas internos, y aseguró que si un letrado litiga en la capital y en Concepción, tiene que sacar dos matrículas y asociarse a los dos colegios. Reivindicó que la supervisión de la matrícula esté en manos del Estado. También se pronunció a favor de que los bonos profesionales sean pagados al final del litigio: “todos sabemos que generan problemas y es una traba, que hace que la gente no denuncie nada por el costo que tienen y que es afrontado por la población”.

El Colegio de Abogados del Sur convocó a una asamblea extraordinaria de sus afiliados para el martes, a las 11, en la sede de Concepción. En la reunión se informará sobre las acciones realizadas en defensa de la profesión y del derecho a seguir controlando las matrículas de los asociados.
“Vamos a solicitarles a los letrados un mandato expreso sobre la posición a tomar ante el grave ataque al estado de derecho que vivimos. Queremos que sean quienes determinen los próximos pasos ante el estado parlamentario del proyecto tendiente a retirarnos la supervisión de la labor profesional”, explicó el presidente de la institución, Eduardo Fernández.
La entidad distribuyó carpetas en la Legislatura, para informar oficialmente a cada parlamentario de la actividad que realiza en la sociedad desde hace 10 años, cuando fue creada. También dejó un documento similar en la Casa de Gobierno, dirigido a José Alperovich, para que se interiorice de la labor comunitaria y de los convenios firmados con organizaciones intermedias para colaborar con ellas y brindarles soporte económico, y con el Estado, para asesorarlo en forma gratuita en sus proyectos. Fernández destacó: “los ingresos del colegio provienen únicamente del cobro anual de la matrícula y de la venta de los bonos profesionales, y si se lo privara de esos fondos, la actividad se restringiría hasta desaparecer”. “Tenemos una participación cívica activa y desinteresada, que jamás decayó”, agregó.

Servicios y aportes
Entre los servicios que despliega el colegio, resaltó el de asistencia jurídica gratuita a la víctima de violencia familiar y maltrato infantil, en el que atienden a personas de escasos recursos en Concepción y en Monteros. Puntualizó, además, el desarrollo impuesto a la mediación en el sur, con cursos de capacitación frecuentes, la instalación de un centro para la resolución alternativa de los conflictos y campañas de difusión y concientización sobre este mecanismo no litigioso.
“Nuestro más ferviente anhelo es poder seguir brindado servicios a los colegas y a la comunidad en su totalidad. Es probable que a los logros se sumen desaciertos, pero la experiencia humana se nutre de ambos. Queremos seguir andando este camino”, planteó Fernández.