La Nación demora fondos para la capital

El dolor de cabeza que genera la demora de la Nación en remitir los fondos para obras públicas no es patrimonio exclusivo de la Provincia. En la capital, la mora del poder central también atenta contra la normal ejecución de los trabajos de pavimentación previstos por el municipio que conduce el intendente Domingo Amaya.
"No vamos a paralizar ninguna obra. Hasta aquí, no tengo grandes problemas, pero, con la llegada de los fondos nacionales podríamos acelerar el ritmo de las obras en ejecución. La situación es la misma para todos. En nuestro caso, sólo se produjo un pequeño desfase por el retraso en los giros", reconoció el jefe municipal.
En la capital, según Amaya, hay por lo menos 300 frentes de obra abiertos y otros tantos proyectos a la espera de recursos para su inicio. Con el Gobierno nacional, el Departamento Ejecutivo ha convenido un paquete de $ 10 millones para trabajos de pavimentación. El giro de ese dinero fue rubricado, inclusive, a través de un convenio. Además, ya está acordado el envío de otros $ 15 millones, también para pavimentación, aunque en este caso resta la firma del acuerdo entre las administraciones.
Según el intendente, una inversión de al menos $ 3 millones ya fue certificada por el municipio ante la Nación. "Es lo que nos deberían haber mandado, en base a las certificación de los trabajos ejecutados", aseveró. De todas maneras, confía en que, a partir de la segunda mitad del mes en curso, se comiencen a regularizar los desembolsos nacionales. "Me dijeron desde Buenos Aires que a partir del día 15 empezarán a llegar los fondos", señaló Amaya.

Avenidas y calles
Con los fondos comprometidos por la Nación el municipio encaró la pavimentación de calles y la reparación de las avenidas Mate de Luna y Belgrano, que se encuentran en ejecución. El funcionario explicó que, ante la falta de arribo de los recursos nacionales, debieron recurrir al Fondo Fiduciario para obras. "Podemos ir cubriendo el bache porque no estamos hablando de grandes sumas de dinero. Podremos reponer cuando llegue la plata de la Nación", enfatizó.
¿Qué pasará si no llegan los fondos prometidos?, se le preguntó. "No vamos a paralizar ninguna obra pública; lo tenemos contemplado. En caso de que continúen las demoras, vamos a financiar los trabajos iniciados con cheques propios a 30, 60 o 90 días", respondió el jefe municipal.
Sin embargo, La desaceleración del ritmo de los trabajos municipales fue denunciada por el concejal republicano Claudio Viña durante la última sesión. Este afirmó que existen al menos nueve obras de pavimentación que no registran avances desde mayo (como en Crisóstomo Alvarez al 3.800) y desde junio (puso como ejemplo calle Suipacha, entre el 1.600 y el 1.900).
"La única bandera de esta gestión es la obra pública, que ahora también se paraliza. En algunos casos, hay hasta perjuicios a comerciantes y los vecinos ni siquiera pueden ingresar con el auto a sus garajes, porque los trabajos inconclusos dejaron las calles intransitables", disparó el opositor.

Reclamo empresarial
Similar observación fue formulado desde el sector empresarial. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Tucumán, Antonio Viola, consideró un paliativo que se amplíe a los municipios la operatoria crediticia con el Banco del Tucumán lanzada por la Provincia. Esta dispone una línea de créditos para las contratistas de obras habitacionales, en caso de que la Nación demore el envío de los fondos.
Amaya, sin embargo, sostuvo que no analizan esa posibilidad. "Estamos bien y trabajando de acuerdo con nuestro presupuesto. Además, la única posibilidad que tendríamos de aplicar una operatoria similar sería con una garantía de la Provincia", expresó.

A pesar de que el Gobierno provincial retiró la primera resolución antes de que el Tribunal de Cuentas (TC) emitiera un pronunciamiento formal, el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, aseguró que la operatoria crediticia con el Banco del Tucumán deberá pasar por el control del legalidad del TC.
"La retiramos porque nos dimos cuenta de que necesitábamos un decreto del Poder Ejecutivo. De todas formas, en función del decreto y de la ratificación legislativa se hará una reglamentación operativa que irá a control del Tribunal de Cuentas", aseveró el funcionario.
A través de la resolución 4.156 del 18 de julio, el Ipvdu aprobó el modelo de convenio con el banco y lo giró al ente de control para su fiscalización. Sin embargo, el expediente fue retirado el 26 del mismo mes y, dos días después, el gobernador José Alperovich firmó el decreto acuerdo 18/3 por el que faculta al Ipvdu a suscribir el convenio con el agente financiero. En caso de que sea convertido en ley por la Cámara, el TC no tiene facultades para observarlo. Ayer, LA GACETA dio a conocer un borrador interno del Tribunal de Cuentas que objeta con dureza la legalidad del convenio inicial.
Durán explicó que, al tratarse de un ente autárquico, entendían que el Ipvdu podía convenir directamente con el Banco del Tucumán la línea de créditos para obras públicas por $ 50 millones. "Nos dimos cuenta de que no teníamos facultades y lo retiramos, ya que jurídicamente correspondía la firma de un decreto del gobernador y, luego, una resolución reglamentaria de nuestra parte. Ese instrumento sí irá a control", señaló.
Insistió en que la Nación ya comenzó a regularizar el envío de recursos, pero que la operatoria servirá para mantener el ritmo actual de las obras e iniciar otras. "El gobernador quiere que se mantenga el ritmo de trabajo y se comience con otros proyectos importantes. El sentido común nos dice que esta es una herramienta útil para ese fin y que será utilizada cuando sea necesario. No se paralizarán las obras", afirmó Durán.

El 18 de julio, el Ipvdu emite la resolución 4.156, por la que aprueba el convenio con el Banco del Tucumán.

El 26 de ese mes, la resolución es retirada del Tribunal de Cuentas por pedido del Ipvdu.

Dos días después, el gobernador firma el decreto 18/3, por el que faculta al Ipvdu a firmar el convenio con el agente financiero. El DNU es girado a la Cámara para su ratificación.

La operatoria prevé una línea de créditos por hasta $ 50 millones en total para las empresas contratistas.

El plazo de pago es de 180 días. Si los fondos de la Nación no llegan en ese plazo, el PE deberá cancelar los préstamos.