La Corte devuelve el proyecto sobre un nuevo tribunal

La Corte Suprema de Justicia le devolverá mañana a la Legislatura el proyecto de ley sobre la creación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, sin emitir opinión alguna, pese a lo pedido desde la comisión parlamentaria de Hacienda.
La posición asumida por la conducción del Poder Judicial se basa en que la propuesta remitida fue ingresada en 2004 por los legisladores peronistas Sisto Terán y Alejandro Martínez (expediente 180-PL), y no correspondería al texto que actualmente está en debate legislativo.
Esta situación genera otro foco de tensión en torno de la polémica propuesta del oficialismo, que es rechazada por el conjunto de las fuerzas de oposición, por referentes del jurismo y por organizaciones intermedias. Estas expresiones la consideran un nuevo avance contra la independencia del Poder Judicial y un intento de limitar el accionar de los seis camaristas de ese fuero, distribuidos en tres salas. El Tribunal de Apelaciones estaría por encima de ellos y por debajo de la Corte, por lo cual oficiaría como una suerte de filtro de los recursos que se interpongan contra sentencias o resoluciones de los magistrados.
Terán y Martínez pretenden que el tribunal por crearse también intervenga en las cuestiones de competencia entre las salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y en las recusaciones o inhibiciones de los magistrados. Así concentraría un fuerte poder para resolver cuestiones clave en juicios donde el Estado es parte. La iniciativa obtuvo dictamen favorable de la comisión de Legislación General.
La fundamentación de los oficialistas es que se debe garantizar una doble instancia judicial ordinaria a las partes en litigio, acorde con pronunciamientos de la Corte Suprema de la Nación.
El pedido de opinión había sido solicitado por el presidente de la comisión de Hacienda, Fernando Juri Debo, para saber el monto de los costos de tener un tribunal de tres miembros, como el proyectado. La cifra debía abarcar la planta de personal y la operatividad, para definir el monto del crédito presupuestario que se deberá afectar.

Simple formalidad
La nota de devolución será firmada por el presidente de la Corte, Alfredo Carlos Dato (luego de que el tema fuese conversado entre los vocales del cuerpo), como un simple trámite formal. Sin embargo, en la interpretación de los signos políticos, la decisión tiene mayor peso, ya que no descarta la posibilidad de que los jueces supremos se pronuncien sobre el sentido íntimo del proyecto en debate.
De obtener el dictamen existente en la Legislatura, el máximo tribunal se abocaría a estudiar el tema en profundidad y a emitir un criterio no vinculante. Esta alternativa implicaría un cambio en su práctica habitual, ya que no suele opinar sobre leyes que pueden luego ser judicializadas. El cambio de posición sería justificado en que la conformación de un nuevo tribunal es un tema orgánico que implica una cuestión de funcionamiento institucional, para optimizar la administración de Justicia.
Dentro de la Corte, la mayoría se inclinaría por considerar que la doble instancia en el fuero contencioso administrativo se cumpliría de modo más acabado con la creación de juzgados de primera instancia antes que con magistrados superiores, y así lo harían saber a los legisladores.

La propuesta del oficialismo de crear un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo no es la única existente en la Legislatura para que ese fuero tenga una doble instancia. Los legisladores opositores Ernesto Padilla (Fuerza Republicana) y Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) impulsan una ley para que la Corte Suprema de Justicia absorba esa función en un amplio sentido para la revisión integral de las sentencias (en cuestiones de hecho y de derecho), y no sólo de modo restrictivo, como ocurre hasta ahora.
La iniciativa apunta a ampliar el alcance del recurso de casación del máximo tribunal, para que abarque tanto al fuero penal como al contencioso administrativo de forma ordinaria y no excepcional. Basan su idea en la Teoría del Máximo Rendimiento, adoptada el año pasado por la Corte Suprema de la Nación en el fallo Casal, acogiendo exigencias constitucionales y pactos internacionales vigentes.

Absurdo
Los legisladores rechazaron el proyecto del oficialismo, al que tildaron de un absurdo desde los puntos de vista técnico, político y económico. "La ventaja de nuestra idea radica en que se conjuga la doble instancia con la tutela judicial efectiva en tiempo oportuno, y con la economía de recursos que exige la situación financiera de la provincia; además, permite que se destinen los fondos a la creación de más fiscalías penales, para así poder afrontar la grave crisis de inseguridad que se vive", señalaron.
Danesi y Padilla se pronunciaron en contra de una utilización abusiva y dilatoria de los recursos judiciales, y afirmaron que la iniciativa que promueven tiene como objeto aportar mayor seguridad jurídica.
"Dentro de la evolución aperturista del recurso se introducen los casos de arbitrariedad de sentencia como motivo legal de infracción a normas de derecho. Al interponerse el planteo directamente ante la Corte Suprema de la Provincia, se evitarán dos pronunciamientos sobre su admisibilidad (primero el de la Cámara y luego el de la Corte), situación que evidentemente incide en los tiempos del proceso. La interposición directa trae lógicamente aparejada la desaparición del recurso de queja por casación denegada", explicaron.
Los opositores agregaron que su idea tiene los objetivos de evitar el congestionamiento y la morosidad en la administración de Justicia. En esa sintonía, el sistema de reenvío se torna excepcional.

La idea de Ernesto Padilla y de Rodolfo Danesi de que la Corte Suprema sea tribunal ordinario de alzada abarca las sentencias que dicten las salas de la Cámara Penal. Este tema fue analizado meses atrás por los jueces supremos de la Provincia y del NOA, para definir cómo se aplicará en la región la doctrina dictada por la Corte nacional.