“La Legislatura no pretende silenciar ni acallar a nadie. Actúa en beneficio de la sociedad, y las desafortunadas declaraciones del presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, al comparar este tiempo con la época de la dictadura militar, es una afrenta a los argentinos que fueron víctimas de ese doloroso proceso”, sostuvo el justicialista Daniel Heredia.
El legislador oficialista refutó a Bustamante, que comparó los efectos del proyecto de retirarle al colegio el control de la matrícula profesional con la bomba puesta en la sede de la institución en 1976.
El peronista aseguró que la independencia de los abogados no está vinculada al funcionamiento del colegio que los nuclea, sino que es resguardada por las Cartas Magnas nacional y provincial, por una profusa legislación y una amplia jurisprudencia en ese sentido, y por la vocación democrática y pluralista que expresa este gobierno.
“El directivo de los letrados desconoce la Constitución sancionada, en la cual se ampliaron los institutos que garantizan el ejercicio de derechos ciudadanos, como ser el amparo y los hábeas corpus y data; se otorgó rango constitucional al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y a las asociaciones de consumidores y usuarios; y se dio estamento constitucional a la salud y la educación”, afirmó.
Heredia aseguró que tanto la Legislatura como el PE tienen la firme voluntad de reconocer y universalizar los derechos sociales. Agregó que el Estado se comprometió, por medio de la Constitución, a actuar en forma positiva garantizándolos y eliminando todo obstáculo que impida concretarlos.
El legislador oficialista refutó a Bustamante, que comparó los efectos del proyecto de retirarle al colegio el control de la matrícula profesional con la bomba puesta en la sede de la institución en 1976.
El peronista aseguró que la independencia de los abogados no está vinculada al funcionamiento del colegio que los nuclea, sino que es resguardada por las Cartas Magnas nacional y provincial, por una profusa legislación y una amplia jurisprudencia en ese sentido, y por la vocación democrática y pluralista que expresa este gobierno.
“El directivo de los letrados desconoce la Constitución sancionada, en la cual se ampliaron los institutos que garantizan el ejercicio de derechos ciudadanos, como ser el amparo y los hábeas corpus y data; se otorgó rango constitucional al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y a las asociaciones de consumidores y usuarios; y se dio estamento constitucional a la salud y la educación”, afirmó.
Heredia aseguró que tanto la Legislatura como el PE tienen la firme voluntad de reconocer y universalizar los derechos sociales. Agregó que el Estado se comprometió, por medio de la Constitución, a actuar en forma positiva garantizándolos y eliminando todo obstáculo que impida concretarlos.






