Abogados insisten en la legitimidad de su planteo contra la reforma

El Colegio de Abogados refutó ayer los planteos efectuados por el Gobierno en el proceso judicial abierto por la institución, que cuestionó una decena de artículos de la nueva Constitución provincial. El expediente se tramita en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de integrar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión.
El trámite abierto por los letrados es el más avanzado de los seis existentes contra distintos aspectos de la reforma. El debate está centrado en la legitimación activa (interés que tiene el que concreta la denuncia) y pasiva (quién es el demandado) para ser parte del proceso, y en el contenido mismo de la demanda. El Poder Ejecutivo consideró que el planteo es poco preciso, político más que jurídico, y aseveró que no se entiende qué pretenden los abogados.
La institución objetó tres puntos de la reforma: el CAM, el Jurado de Enjuiciamiento (JE) y la posibilidad de concretar enmiendas constitucionales por medio de una mayoría legislativa calificada.
Los abogados rechazaron las objeciones de los representantes de Fiscalía de Estado, y reivindicaron su potestad para actuar en la controversia. Resaltaron que la actuación judicial encarada apunta a preservar la independencia del Poder Judicial, que -a su entender- está afectada porque tanto en el CAM como en el JE la mayoría pertenece al estamento político. Respecto del primer instituto, cuestionaron, además, que esté bajo la órbita del Poder Ejecutivo, porque sería violatorio de la ley que habilitó la reforma de la Carta Magna.
El colegio también insistió en que la demanda está bien conducida contra el PE, en su carácter de representante del Estado y frente a la disolución de la Convención Constituyente. Agregó que la pretensión fue adecuadamente definida, y que la intención es que se declare la nulidad de los artículos cuestionados de la reforma.

Otra causa
Mientras avanza el proceso promovido por los abogados, la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo deberá definir si es competente para entender en otra presentación, impulsada por dirigentes de la oposición.
El escrito fue firmado por el titular de Ciudadanos Independientes (CI), Roberto Sobre Casas; el diputado nacional Esteban Jerez; el conductor del PRO, Martín Méndez Uriburu; la titular de Acción por la República, Liliana Signorelli de Aráoz; y la abogada María Victoria Bestani. Cuestionaron una decena de puntos sancionados por la Convención Constituyente, por considerar que violaban normas de la Carta Magna nacional (además de lo que mencionaron los abogados, agregaron el régimen electoral de acople, la nueva integración de la Junta Electoral Provincial y el diseño del juicio político a funcionarios, entre otros puntos).
El expediente fue girado a la fiscal de Cámara, Elena Sangenis de Terraf, para que emita su opinión (no es vinculante). La sala está integrada por Enrique Guibert y Salvador Ruiz, quien entiende en el proceso por la excusación de Ebe López Piossek.
Una vez que se defina el tribunal que debe actuar, se correrá traslado de la demanda al PE para que se defienda. Como el debate es sobre cuestiones de puro derecho, no se sustanciarían pruebas (salvo algunas autenticaciones de fotocopias) y se podría acelerar la definición.