El proceso en el Ciadi

Al momento de escribir estas líneas, en el piso 13 del Banco Mundial (BM) -en 1818 H Street de Washington DC-, la República Argentina y la ex Compañía de Aguas del Aconquija (CAA) -controlada por el grupo francés Vivendi-, realizaban sus alegatos finales en el segundo arbitraje que se hace ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), caso Nº ARB/97/6.
En mi calidad de testigo, recibí expresas instrucciones del Gobierno argentino -al igual que las otras ocho personas que representamos a nuestro país-, de no relatar ningún aspecto vinculado a las pruebas que presentaron ambas partes en conflicto.
Esto es así porque la defensa de la República Argentina, signataria del Tratado de Protección de Inversiones Extranjeras, fue asumida por la Procuración General del Tesoro de la Nación, a través de su titular, Osvaldo Guglielmino, quien está acompañado por un grupo de profesionales que trabajan en dicho organismo público.
El Gobierno de Tucumán estuvo representado por el fiscal de Estado, Antonio Estofán, que fue acompañado por un grupo de asesores y por los testigos tucumanos, que aceptamos el compromiso de contar qué sucedió en la provincia entre 1995 y 1998. Durante este período, la ex CAA desarrolló su actividad en Tucumán, hasta que se produjo la rescisión del contrato de concesión, después de dos renegociaciones que fracasaron y ante la imposibilidad de la empresa extranjera de recomponer su relación con la población, con la crisis del "agua negra" de por medio.
La responsabilidad profesional, la moral y la ética, y un fuerte compromiso social con los tucumanos y con la Argentina, me llevaron a aceptar la convocatoria de la Nación.
A más de 10 años de que comencé a escribir sobre la privatización de los servicios de agua y cloacas en Tucumán, un cúmulo de sensaciones encontradas me invadió cuando ingresé en el edificio del Banco Mundial. El compromiso fue transmitir, desde mi óptica, qué fue lo que provocó que la Compagnie Générale des Eaux (accionista mayoritaria de CAA) no haya podido cumplir con el contrato de concesión, a pesar de los pergaminos que la precedían, como la empresa con mayor experiencia internacional en la materia. La CAA demanda el pago de U$S 300 millones en concepto de capital, y otros U$S 400 millones por intereses.

El interrogatorio
La demandante (CAA) presentó, entre sus testigos, a los profesionales José Manuel García González y Alvaro Padilla, que tuvieron como asesores letrados a Daniel M. Price y a Stanimir A. Alexandrov, de la firma Sidley Austin Brown & Wood LLP. Estos fueron acompañados por los argentinos Luis A. Erize (Abeledo Gottheil Abogados) e Ignacio Colombres Garmendia (del estudio tucumano Ignacio Colombres Garmendia & Asociados).
La reglamentación establece que los testigos, mientras permanecen en el edificio del BM, no pueden dialogar con sus abogados. Para ello, se habilitó una oficina, separada de la de los letrados, en el subsuelo del Banco; además, la normativa vigente dispone que en caso de un cuarto intermedio, el testigo no puede dialogar con ninguna persona vinculada al arbitraje, hasta que no concluye el interrogatorio. Pero una vez terminada esa presentación, el testigo puede ingresar al salón de sesiones a escuchar a los testigos que lo sucedan.
Mi interrogatorio comenzó con la "entrevista directa" que me realizó Ignacio Torterola (h), miembro de la Procuración. Luego continuó con la "entrevista" de Alexandrov. Torterola tuvo, después, una segunda intervención. Todo concluyó con el interrogatorio de los tres jueces que integran el tribunal.