La Cámara debe resolver una causa vinculada al hijo de un magistrado

La Cámara Federal de Apelaciones tiene en sus manos una decisión clave. Debe resolver un planteo en una causa penal que involucra a Marcos Jiménez Montilla, hijo de Carlos Jiménez Montilla, vocal del tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF). Durante el trámite del expediente, el titular del juzgado federal número uno, Jorge Parache, se inhibió de actuar, porque afirmó que se encontraba comprendido en la causal prevista por el inciso 11 del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación (amistad íntima o enemistad manifiesta). No obstante, no procedió de la misma manera -no se apartó- y sí actuó en el proceso abierto por la demanda civil que Jiménez Montilla (padre) promovió contra el Estado como consecuencia de la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración de que el país estaba en default.
El fiscal federal número dos, Carlos Brito, interpuso un recurso de apelación contra la decisión mediante la que se dispuso el sobreseimiento de Jiménez Montilla (hijo) y de Luis Arturo Bulacio -colaborador de aquel-. Contra el primero, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 15 de abril de 2003, había efectuado una denuncia por presunta falsificación de instrumento público.
El 25 de abril de 2003, Parache se inhibió de entender en la causa y la giró al juez federal número dos, Felipe Terán, quien cuatro días más tarde, hizo lo mismo y por la misma causal. Por esta razón intervino como conjuez Miguel Mibelli, quien el 22 de junio pasado sobreseyó a Jiménez Montilla (h) y luego habilitó el recurso de apelación deducido por Brito.
Tanto Terán como Parache y Jiménez Montilla (padre) enfrentan actuaciones ante el Consejo de la Magistratura por presuntas irregularidades en causas vinculadas a títulos públicos. El primero ya fue suspendido y afronta un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación. Contra los otros dos hay sumarios en marcha ante la comisión de Acusación del CM.
Parache se inhibió de actuar en la causa penal contra Jiménez Montilla (hijo) en abril de 2003, pero sólo siete meses más tarde no sólo actuó, sino que falló a favor de Jiménez Montilla (padre). El 14 de noviembre -medida cautelar mediante- ordenó al Estado que se abstuviera de aplicar la normativa que pesificó los títulos públicos respecto de los bonos depositados en la cuenta del magistrado del TOF. Precisamente, por esta causa, a Jiménez Montilla (padre) el CM le abrió un sumario, ya que el consejero Luis Pereira Duarte denunció que los bonos con los que había entablado la demanda ante Parache habrían sido adquiridos, a bajo precio, después del default.
En abril de este año, Jiménez Montilla (padre), cuando todavía no había sido denunciado ante el CM, defendió públicamente a Parache y a Terán, quienes ya tenían sumarios en marcha. En Santa Fe, ciudad a la que había llegado en compañía del camarista federal Ricardo Sanjuán para participar de la Conferencia Nacional de Jueces, pidió cautela por los magistrados y afirmó: "los medios y algunos consejeros del Consejo de la Magistratura se adelantaron a los hechos".

Una deuda líquida
El origen de la causa penal se remonta al pedido que Jiménez Montilla (hijo) efectuó a la AFIP-DGI el 21 de marzo de 2003, mediante el que solicitaba un certificado de libre deuda fiscal para presentarlo en el Banco Hipotecario (BH), porque tal requisito le resultaba fundamental para poder acogerse a los beneficios del decreto 1.387/01. Este estableció la posibilidad de cancelar deudas dinerarias mediante títulos públicos.
El BH solicitó a la AFIP que corrobore la validez del certificado, que tenía fecha 11 de noviembre de 2002, según la denuncia penal efectuada por los abogados de la AFIP, Raúl Mario y Javier Mirande, y Jorge Martín Argüelles. La AFIP contestó que el instrumento no había sido emitido por esa dependencia. "El certificado no fue otorgado en razón de que a la fecha de la solicitud el contribuyente poseía deuda líquida y exigible ante este organismo fiscal", aseveraron los letrados en la presentación.
Los letrados también dijeron que "en dicho instrumento (certificado de libre deuda fiscal 942-000755-2002, del 11 de noviembre de 2002) se habría falsificado la firma de la funcionaria pública a cargo de la jefatura de la agencia sede (de la AFIP-DGI), contadora Susana E. de F. Solórzano, como, asimismo, se habría utilizado una hoja con logo y sello de características similares al de uso oficial".


"Si bien el instrumento (por el certificado de libre deuda fiscal) fue presentado en el Banco Hipotecario S.A., no lo hicieron de mala fe, ya que tenía toda la apariencia de autenticidad, quedando demostrado que dicho documento fue entregado por Marcelo Paz". Esto concluyó el conjuez Miguel Mibelli para sobreseer a Marcos Jiménez Montilla y a Luis Arturo Bulacio. Ambos, según sus declaraciones, recurrieron a un gestor (Marcelo Paz, quien supuestamente vivía en Suipacha 520), para que efectuara el trámite ante la AFIP. Mibelli citó a una persona llamada igual que el supuesto gestor, pero esta manifestó que tenía 76 años, que era un jubilado ferroviario, que jamás había sido gestor, que desconocía a Jiménez Montilla y a Bulacio, y que no vivía en Suipacha 520. Finalmente, Mibelli sobreseyó a los tres (incluso al Paz que declaró), aunque solicitó la captura de Marcelo Paz. "Este existe, como quedó demostrado", concluyó el conjuez.


El fiscal federal Carlos Brito calificó de burdas las explicaciones de Marcos Jiménez Montilla y de Luis Arturo Bulacio, en las que se basó el conjuez Miguel Mibelli para sobreseerlos en la causa que, por supuesta falsificación de instrumento público, abrió la AFIP. "Jiménez Montilla hizo uso de un documento, cuya falsedad fue acreditada mediante declaración testimonial de la contadora Susana Solórzano (AFIP), que expresó que el certificado de libre deuda fiscal fue emitido a nombre de Hebe Amalia Orlando en fecha distinta del presentado por el imputado y que la firma no le pertenece", destacó el fiscal. "Bulacio reconoce el uso y presentación (del certificado) a nombre de Jiménez Montilla ante una institución bancaria, para que este último se beneficiara con el resultado de un delito y obtuviera un provecho económico, pero el conjuez considera que el culpable de todo es un gestor apellidado Paz, que no fue hallado", afirmó el fiscal.


A Carlos Jiménez Montilla lo investigan en el Consejo de la Magistratura para saber si accionó -contra la normativa que pesificó los títulos públicos- con bonos adquiridos después del default. En mayo, el magistrado se presentó ante el fiscal federal Carlos Brito y detalló el derrotero que, según él, experimentaron los bonos, a fin de probar que los tenía desde antes del default. Entonces, mencionó una "operación hipotecaria que no llegó a concretarse". "El 15 de mayo de 2002 se realiza una transferencia al Banco Hipotecario de Bonos Pro 4 (en dólares) por 232554.7696 (valores en bonos, no en pesos), los que reingresaron a la cuenta el 4 de junio de 2003", explicó. Veinticinco días antes de la fecha de esa supuesta transferencia, su hijo, Marcos Jiménez Montilla, había solicitado a la AFIP un certificado de libre deuda fiscal para poder presentarlo, precisamente, ante el BH, pero "el trámite no fue continuado", según declaró el joven.