La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) profundizó su cuestionamiento al proyecto oficialista de que la Corte Suprema de Justicia tome el control de la matrícula de los abogados y de los procuradores, en reemplazo de esos colegios profesionales.
“Esa labor se realiza correctamente en manos de los colegios, y constituye una forma eficiente de control del ejercicio profesional de los letrados por parte de sus pares. Casi en todas las profesiones, este mecanismo de supervisión tiene plena vigencia legal, tanto en Tucumán como en el resto del país, y ha merecido pronunciamientos judiciales favorables”, resaltaron el presidente de la institución, Carlos Parajón Canteli, y la secretaria, Elsa Cerimele.
“Es evidente que este proyecto aparece ligado al cuestionamiento judicial formulado por el Colegio de Abogados de Tucumán sobre algunos aspectos de la reforma constitucional y que está dirigido a silenciar el legítimo disenso, lo que no puede menos que generar una profunda preocupación en la comunidad”, consideraron los directivos.
La entidad que agrupa a una veintena de colegios se quejó también de que la iniciativa afecte las fuentes de recursos de los abogados, al postergar el pago de los bonos profesionales al final del litigio. Resaltó que esos fondos “les permiten cumplir con sus múltiples funciones: la relación con los letrados, la de auxiliar del Poder Judicial, y la defensa de los derechos e intereses de la sociedad en general”.
“Esa labor se realiza correctamente en manos de los colegios, y constituye una forma eficiente de control del ejercicio profesional de los letrados por parte de sus pares. Casi en todas las profesiones, este mecanismo de supervisión tiene plena vigencia legal, tanto en Tucumán como en el resto del país, y ha merecido pronunciamientos judiciales favorables”, resaltaron el presidente de la institución, Carlos Parajón Canteli, y la secretaria, Elsa Cerimele.
“Es evidente que este proyecto aparece ligado al cuestionamiento judicial formulado por el Colegio de Abogados de Tucumán sobre algunos aspectos de la reforma constitucional y que está dirigido a silenciar el legítimo disenso, lo que no puede menos que generar una profunda preocupación en la comunidad”, consideraron los directivos.
La entidad que agrupa a una veintena de colegios se quejó también de que la iniciativa afecte las fuentes de recursos de los abogados, al postergar el pago de los bonos profesionales al final del litigio. Resaltó que esos fondos “les permiten cumplir con sus múltiples funciones: la relación con los letrados, la de auxiliar del Poder Judicial, y la defensa de los derechos e intereses de la sociedad en general”.
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