Los abogados tienen plazo hasta el jueves para refutar al PE

El Colegio de Abogados podrá refutar, hasta el jueves, los argumentos vertidos por el Poder Ejecutivo en la causa judicial en la que se debate la legalidad de la reforma de la Constitución provincial.
La presentación del Gobierno fue notificada ayer formalmente a los letrados, quienes impulsan la nulidad de los artículos vinculados con el Consejo Asesor de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y la posibilidad de modificar la Carta Magna mediante la enmienda legislativa.
La contestación de la entidad profesional no abarcará el fondo de la cuestión, sino las excepciones de previo y especial pronunciamiento interpuestas por el PE, que desconoció la potestad de la institución para iniciar el proceso en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, al señalar que no fue autorizada expresamente por sus asociados. Además, señaló que la demanda excede el marco estatutario de actuación y se entromete en el Poder Judicial.

Ambito de facultades
Los abogados alegarán que una autorización especial no es requerida por la ley vigente y que actuaron en el ámbito de sus facultades, en defensa de la independencia de los magistrados. Señalarán que basta con las resoluciones emitidas por el consejo directivo, que instruyeron a Antonio Bustamante y Francisco García Posse a impulsar la acción en los tribunales.
El Gobierno agregó que no puede ser el demandado en este juicio (legitimación pasiva), ya que el proceso se encaró inicialmente contra la Convención Constituyente, y luego, tras su disolución, fue reconducido contra él. Desde el colegio se resaltará que el PE asume la representación de toda causa dirigida contra el Estado o alguno de sus poderes o cuerpos, y se asimila en ese extremo a la fenecida Convención.
La Fiscalía de Estado también objetó la demanda por tener defectos legales y ser confusa en cuanto a los objetivos que persigue, y pidió que se la corrija y reformule, lo que obligaría a recomenzar el proceso desde cero. Desde el colegio se rechazará ese argumento, y se asegurará que las pretensiones están suficientemente descriptas en el escrito original: la declaración de nulidad de lo sancionado en referencia a la forma de seleccionar y de remover a los magistrados y a la inclusión del instituto de la enmienda para el cambio del texto constitucional.
La causa podría ser declarada de puro derecho por la Sala II de la Cámara, que integran Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo, para pasar a resolver todas las cuestiones planteadas. De este modo, se evitaría la etapa de sustanciación de las pruebas y se abreviarían al máximo los plazos de este juicio sumario, para el pronto dictado de una sentencia. Sea cual fuese el fallo, la parte vencida apelará seguramente ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Tanto demandante como demandado hicieron reserva de acudir a la Justicia Federal como última instancia.

Reunión privada
Más allá de las diferencias legales que se debaten en los tribunales, García Posse se reunió en privado con el secretario General de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, y con el subsecretario del área, Ramiro González Navarro, con quienes mantiene una larga amistad.
“No hubo ningún contacto oficial, sino un encuentro social, en el cual se trataron temas comunes y cada uno dio su opinión, pero no se comprometió de nada a nadie. Tenemos una relación personal muy anterior a este conflicto, lo que permite que podemos hablar de todos los asuntos que nos preocupan. En lo único en que coincidimos fue en la necesidad de tener canales de diálogo abiertos”, explicó el secretario de los abogados.
El directivo resaltó que el tema central es la reforma de la Constitución, y que todo lo que ocurrió luego (como los proyectos para retirarles el control de la matrícula profesional, diferir el pago de los bonos de un litigio o la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo) son una consecuencia de ese planteo.