Pelea por el manejo de fondos en ATSA

La interna en el gremio de la sanidad promete resolverse en la esfera judicial. El secretario general suspendido, Raúl Quinteros, solicitó actuar como querellante en las denuncias penales presentadas por presuntas irregularidades acontecidas durante su gestión.
El titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) fue suspendido en el ejercicio del cargo el 13 de junio, en una decisión adoptada por unanimidad por los 16 miembros de la comisión directiva. El acta de suspensión menciona 27 puntos con supuestas irregularidades y objeciones por su sintonía con el Gobierno provincial.
Sin embargo, Quinteros desconoce la decisión y asegura que hay intereses políticos que buscan desestabilizarlo. Por ello, impugnó la suspensión ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. A su vez, presentó una denuncia ante la Justicia para que se investigue el destino de $ 50.000 correspondientes a aportes sindicales. “A ninguno de los cheques percibidos se le dio el tratamiento legal que exige el estatuto. Es decir que ninguno fue depositado en la única cuenta que tiene ATSA en el Banco del Tucumán”, señaló en la presentación.
En el otro extremo, la secretaria adjunta, Susana Sánchez, sostiene que se mantendrá al frente del gremio hasta el 9 de setiembre. Para ese día fue convocada una asamblea extraordinaria a fin de decidir la revocatoria del mandato de Quinteros (vence en 2007) y su desafiliación sindical por presuntas violaciones al estatuto gremial.
El viernes, en un plenario, los delegados de ATSA ratificaron la vocación combativa que pretenden imprimir al gremio tras la suspensión de Quinteros. “Formamos distintas comisiones de trabajo y analizamos el tema salarial. Vamos a hacer presentaciones al ministro de Salud (Juan Manzur) y solicitar una audiencia para la próxima semana”, explicó Sánchez.
La nueva comisión directiva pretende rediscutir con el Gobierno el pago del escalafón y el pase a planta permanente de unos 1.500 empleados transitorios.

La interna en el Sindicato de Trabajadores de Vialidad vuelve al primer plano. Los sectores enfrentados ya están organizados para la asamblea general que tendrá lugar mañana, para designar la Junta Electoral interna que controlará los comicios de octubre.
El plenario reeditará las posiciones fuertemente encontradas entre el actual conductor del gremio, Manuel Palavecino, y su antecesor, el legislador peronista José Teri. Sus seguidores protagonizaron violentos enfrentamientos en el pasado. Pero no serán los únicos que estarán en pugna, ya que un tercer grupo reclama que se rehabiliten sus derechos sindicales para poder participar de los comicios.
“Palavecino es peor que Teri, con quien mantenemos serias diferencias ideológicas. En esta gestión, hay un embargo de dos camionetas y de terrenos por un juicio iniciado por honorarios por la arquitecta Adriana de la Vega de Rivas, por más de $ 250.000, y numerosas irregularidades, que incluyen el pago de la cuota a la Federación Nacional”, denunciaron Juan Felipe Giménez, Guillermo Neira y Rodolfo Ayunta Boix.
Los trabajadores fueron candidatos en los últimos comicios en la opositora lista Naranja, y en 2003 fueron expulsados como afiliados. Iniciaron trámites administrativos para sus reincorporaciones, y en junio impulsaron una acción judicial en defensa de sus derechos.
Los dirigentes, junto con Ramón Antonio Fernández, en representación de las agrupaciones Soberanía Vial y Recuperación Vial, cuestionaron que la asamblea del lunes sea supervisada por Juan Medina como delegado del ministerio, a quien identificaron como hermano del secretario de Actas del gremio, Luis Rodolfo Medina.
Otro reclamo es que la reunión se realice en un sitio abierto, no en un salón sindical sin salidas de emergencia. “Somos 1.200 afiliados, y en ese lugar no entran más de 150 personas. No hay garantías para una participación real. El lugar ya está tomado por gente de Palavecino”, sostuvieron.

Los empleados y obreros municipales de la capital no sufrirán el descuento de los días de paro. Así lo estableció el concejal Ramón Cano (PJ), a cargo interinamente de la intendencia, por el viaje de Domingo Amaya a Colombia.
Cano dijo que adoptó esa decisión de manera excepcional para evitar agravar el conflicto gremial que enfrenta a Modesto Suárez con Osvaldo Acosta. Por esa razón, el edil firmó un decreto en que determinó que los empleados que no hayan trabajado durante el miércoles (27) y el jueves (28) no sufrirán la sanción económica del descuento en sus haberes. “Preferí aplacar los ánimos para que todo funcione normalmente, porque de lo contrario podría haber habido mayores conflictos. Tampoco quise tomar partido por un grupo o por otro”, resaltó Cano en diálogo con LA GACETA.
Con su disposición, Cano marcó diferencias con la postura del gobernador José Alperovich quien había señalado que debía efectuarse el descuento de los días no trabajados. Mientras tanto, Acosta y Suárez mantienen firmes sus diferencias sindicales.