Los concejales del interior quieren ganar más

El Pacto para el Crecimiento firmado con la Provincia se convirtió en un cerrojo para la mayoría de los municipios del interior: esta vez, los reclamos salariales no parten desde los gremios de trabajadores, sino que provienen de los propios concejos deliberantes.
Según el acuerdo, el Poder Ejecutivo garantiza el pago de la planilla salarial de cada municipio, a cambio de lo cual cada administración se obliga a no incrementar su gasto en personal. El artículo ocho (inciso I) del convenio fija como tope salarial para los ediles del interior la suma de $ 2.000. Sin embargo, los funcionarios consultados por LA GACETA coinciden en que esa barrera (pautada en 2004) quedó desactualizada.
El decreto 4/3 firmado por el gobernador José Alperovich el 17 de febrero, a través del cual se eleva el tope salarial para los funcionarios, sirvió como disparador de los reclamos municipales. El primer paso lo dio la capital. Con los sueldos de junio, los ingresos de los 18 concejales treparon un 75%: de $ 2.600 a más de $ 4.500 (salario bruto). El argumento esgrimido es que la Ley Orgánica de Municipalidades (5.529) fija que el haber del intendente será equivalente al 95% de lo que percibe un ministro y el de los concejales será similar al 85% de los ingresos del jefe municipal. Este municipio es el único que ya comenzó a liquidar los nuevos valores.
En el interior, la situación y los ingresos de los representantes vecinales varían según la calificación de cada municipio. La mayoría considera que los haberes que perciben son insuficientes, pero a la vez reconoce que disponer un aumento representaría una medida por la que deberían pagar un alto costo político y violatoria del acuerdo con el PE. Igualmente, deslizan que urge rediscutir las pautas del convenio.

Simpatías y odios
En Banda del Río Salí y Famaillá (están dentro del pacto), los ediles avanzaron con un aumento (la dieta es de $ 1.823) pero, en el primer caso, los frenó un veto del intendente. En la ciudad del sur, en tanto, a pesar del veto decidieron insistir en la suba, lo que determinó el reclamo de los municipales y la advertencia del Departamento Ejecutivo de que no pagará ningún incremento. En Trancas (no está dentro del pacto) también se adhirieron a la disposición provincial, pero la medida fue vetada.
En Concepción, Monteros, Alberdi, Simoca, Tafí del Valle, Aguilares, Lules y Alderetes, según los consultados, hubo acuerdo entre ediles y funcionarios para no avanzar en una actualización salarial. "El intendente nos pidió que no nos subamos", dijo el concejal de Tafí del Valle, Eduardo Medina. Por tratarse de un municipio de tercera categoría, la dieta es de unos $ 1.500. "Aquí ningún concejal me planteó esa inquietud", aseveró el intendente de Alberdi, Luis Campos.
"A los de aquí les dije que no intenten practicarse un aumento en sus dietas porque a la ordenanza la voy a vetar. Hay un compromiso que cumplir con la Provincia y no estoy dispuesto a vulnerarlo", advirtió, por su parte, el jefe municipal de Monteros, Luis Alberto Olea. En el mismo sentido se pronunciaron los responsables de Concepción, Osvaldo Morelli, y de Graneros, Roque Graneros.
César Dip, intendente de Lules, reconoció que el tema fue conversado con los concejales. "No hay intención de subir los ingresos. Ya lo conversamos y la idea es no avanzar; el pacto no lo permite", enfatizó. Si bien Aguilares no tiene impedimentos para elevar la grilla de haberes, el edil opositor Gino Lezcano afirmó que prefirieron no hacerlo. "Este año no creo que lo hagamos. Nos parece violento y odioso para la sociedad. Ya ven lo que pasó en Famaillá", señaló.