En Famaillá, se pelean por plata

En Famaillá, el intendente José Orellana (PJ) y los concejales se pelean por plata. Mientras el jefe municipal asegura que prefiere destinar más fondos a la realización de obras públicas antes que a aumentar los haberes de los ediles, los 10 representantes vecinales están empecinados en duplicar sus ingresos. En el medio de un enredo que ya cumplió tres meses, los trabajadores municipales tomaron ayer, por segundo día consecutivo, la sede del Concejo Deliberante.
En la ciudad del sur todos hablan de la pulseada entre Orellana y los ediles. En los bares es el tema de conversación obligado a partir de la publicación de LA GACETA y de las versiones que circulan por las angostas avenidas del municipio. “Dicen que quieren cobrar más de $ 5.000”, confiesa, con una mirada cómplice, Pedro, un vecino que aguarda en la puerta del municipio -carpeta en mano- para realizar trámites particulares. “El Concejo es allá a la vuelta; donde vea el lío, ahí es”, acota al cronista, mientras señala con su dedo índice la dirección a seguir.

Sin consentimiento
En el ala oeste de la sede municipal, el hall del Concejo aparece copado por sindicalistas, y el pasillo de acceso a las oficinas está bloqueado con cubiertas quemadas. Ningún concejal, durante la mañana, fue a su despacho.
Las desavenencias entre el Concejo Deliberante y departamento ejecutivo comenzaron durante la última semana de abril, cuando el intendente cumplía su rol de convencional constituyente.
Durante la mañana del miércoles 26 de ese mes, nueve ediles sesionaron para adherirse al decreto 4/3, firmado por el gobernador José Alperovich en febrero. El instrumento elevó el tope salarial para los funcionarios y determinó una sobreasignación por “responsabilidad funcional” de hasta un 75% sobre el sueldo. Por la tarde, el presidente del cuerpo deliberativo, Eduardo Velázquez, a cargo de la intendencia, promulgó la norma a través del decreto 317.

Presión gremial
Desde aquel día de abril, los responsables de las instituciones de Famaillá están envueltos en una novela que condiciona el normal funcionamiento del municipio. El 11 de mayo, Orellana elevó al Concejo un proyecto para derogar la suba salarial dispuesta durante su ausencia. Cuatro días después, los ediles dieron marcha atrás. “La situación económica hace imposible afrontar las obligaciones que generaría la puesta en vigencia de la ordenanza”, fundamentaron. Ahora, al momento de justificar las idas y vueltas de los concejales, Orellana afirma: “hubo una presión directa del gremio”.
“Eso lo hicieron sin consultarme. Pensaron que a lo mejor ya todo estaba más calmado”, agregó el jefe municipal en relación con la nueva intentona de los ediles. Como se recordará, el pasado jueves 6 (es decir 52 días después de la derogación), el Concejo sancionó por segunda vez la adhesión al aumento salarial dispuesto por la Provincia.
Si bien el texto de la ordenanza carece de fundamentos, sí aclara que la suba salarial del 75% será retroactiva a enero y establece que la deuda será saldada en seis cuotas a partir de julio. El lunes, Orellana opuso el veto total a la norma, con el argumento de que no compartía la decisión y de que el municipio no podría afrontar el aumento.
El miércoles, los ediles insistieron por unanimidad con subir sus salarios, lo que desató el reclamo gremial y la advertencia de Orellana de que no pagará los nuevos sueldos que pretenden cobrar. En Famaillá, la dieta de un edil asciende a $ 1.823; pero en caso de aplicarse el incremento, los ingresos de los representantes vecinales treparían a $ 3.190.