El bloque del PJ está dividido a causa del proyecto de Terán

No se llamará a sesión de la Cámara hasta que el oficialismo consensúe una posición. Ocaranza cree que se puede arribar a un acuerdo y admite posiciones intermedias entre los legisladores.

JUNTOS, PERO NO UNIDOS. El presidente del bloque, Ocaranza, admitió las discrepancias en el seno del grupo. LA GACETA / JOSE NUNO
JUNTOS, PERO NO UNIDOS. El presidente del bloque, Ocaranza, admitió las discrepancias en el seno del grupo. LA GACETA / JOSE NUNO
Por Redacción Política 28 Julio 2006
Las declaraciones del legislador peronista Fernando Juri Debo, en las que reconoce diferencias dentro del oficialismo en torno del proyecto de retirarle el control de la matrícula al Colegio de Abogados y diferir el pago de los bonos profesionales, generaron repercusiones dentro de la bancada justicialista.
El presidente del bloque, Rodolfo Ocaranza, admitió que hay opiniones enfrentadas, pero aclaró que todavía no se produjo una discusión interna. Hasta que esto no ocurra, no se efectuará un pronunciamiento del conjunto del justicialismo parlamentario, que pueda encolumnar a todos los legisladores tras una misma postura dentro del recinto.
"Hay más de dos ideas, ya que también existen posturas intermedias. Como todavía no las debatimos formalmente, no sabemos cuál será la mayoritaria. No tenemos fecha para reunirnos, ni se está hablando de ninguna nueva sesión de la Legislatura", admitió. De esta manera se evita que la disputa llegue al recinto.
De ese modo, Ocaranza dejó abierta la puerta a la posibilidad de encontrar una salida a la polémica, por encima de los choques entre los oficialistas que impulsan menguar el poder del colegio profesional (liderados por Sisto Terán) y quienes impulsan que la matrícula siga en manos de la institución y que el momento del pago de los bonos sea decidido por los propios abogados, en una asamblea.
Precisamente, el criterio alternativo giraría en dividir el proyecto de ley, derivando la matrícula a la Corte Suprema de Justicia (como quieren los alperovichistas), pero sin avanzar en la postergación en la percepción de los bonos (no se afectarían las finanzas del colegio).
Ocaranza recordó que él firmó el proyecto en debate y que mantiene su posición, frente a las versiones de que algunos peronistas estarían dispuestos a retirar su firma. Volvió a negar que sea un ataque político a los abogados, y dijo que su objetivo es que la sociedad acceda de forma más fácil a la Justicia.
Acerca de la trascendencia de la opinión del presidente de la Legislatura, Fernando Juri, quien mantiene abierto el diálogo con los colegios, Ocaranza recordó que "hasta ahora, no se metió en este tema". "Juri recibió sólo a los distintos directivos profesionales, sin ningún acompañamiento de oficialistas ni de opositores. Se mostró equidistante en este tema, y señaló que cuando termine la ronda se pronunciará. Los proyectos se van a debatir y resolver en el seno del bloque, no en otro lado", afirmó.
"El retiro de la matrícula al colegio y el pago de los bonos al final del litigio van a generar un gran beneficio a la sociedad toda", sostuvo Daniel Heredia.
De este modo, el legislador ratificó su postura a favor del proyecto original, y aseguró que la iniciativa guarda correlato con el nuevo artículo 40, inciso 10, de la Constitución provincial, en la cual se dispone la colegiación obligatoria, pero se preserva en manos del Estado el poder de policía sobre las matrículas, que puede ser delegado por ley. "Siguiendo el texto constitucional vigente, los abogados no tendrían que matricularse en dos colegios, como sucede en la actualidad entre el de la capital y el del Sur, lo que permitirá una optimización y una mayor libertad en el ejercicio de la profesión. Y al pagar los bonos al final de un litigio, los sectores más desprotegidos de la sociedad tengan un mejor acceso a la defensa de sus derechos a través de un abogado", explicó.
Heredia consideró que el Gobierno pretende modernizar el sistema judicial en su conjunto, con el nuevo mecanismo de selección de magistrados a través de concursos, la mediación obligatoria y el control de la matrícula en ámbito de la Corte, sin que ello implique menoscabar misiones y funciones de los colegios en defensa del ejercicio profesional de sus afiliados.


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