La Provincia aún no puede recuperar dos aviones retenidos por una firma privada en Buenos Aires. Pero, al menos, consiguió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorice el traslado de las aeronaves hacia el aeropuerto de San Fernando, hasta tanto se resuelva el litigio judicial.
Un Piper Navajo y un Aerocommander 690 A fueron trasladados en mayo de 2000 a los hangares de Don Torcuato para ser reparados por la empresa Timen SA. Sin embargo, la devaluación del peso argentino en enero de 2002 derivó en un pleito judicial, puesto que la empresa exigió la dolarización del monto del contrato. A raíz del conflicto, la compañía retuvo los aviones en base a lo dispuesto en el artículo 3.939 del Código Civil. Este faculta al tenedor de una cosa ajena a poseerla hasta tanto le paguen lo adeudado en relación con ella. Según la firma, ese monto llega a $ 2,4 millones, cuando el contrato inicial fue pautado en $ 300.000.
En 2005, el Poder Ejecutivo requirió al máximo tribunal de la Nación que autorice, a través de una medida cautelar, la sustitución del derecho de retención invocado por Timen SA sobre las aeronaves por la garantía que se estime suficiente. A tal fin, el PE ofreció $ 99.517, por considerar que ese era el monto al que ascendía el saldo de la deuda. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de la Provincia.
Esta vez, la Justicia hizo lugar a una nueva medida cautelar y permitió el traslado de los aviones. El PE fundamentó el planteo en la necesidad de resguardar las aeronaves ante el cierre de la estación de Don Torcuato. "Si continuasen en el aeropuerto de Don Torcuato, se podrían generar daños y conducir al extremo del deterioro de las aeronaves", señala el fallo.
La medida, no obstante, no implica modificaciones en la cuestión de fondo, ni deniega el derecho de retención en favor de Timen SA.
Un Piper Navajo y un Aerocommander 690 A fueron trasladados en mayo de 2000 a los hangares de Don Torcuato para ser reparados por la empresa Timen SA. Sin embargo, la devaluación del peso argentino en enero de 2002 derivó en un pleito judicial, puesto que la empresa exigió la dolarización del monto del contrato. A raíz del conflicto, la compañía retuvo los aviones en base a lo dispuesto en el artículo 3.939 del Código Civil. Este faculta al tenedor de una cosa ajena a poseerla hasta tanto le paguen lo adeudado en relación con ella. Según la firma, ese monto llega a $ 2,4 millones, cuando el contrato inicial fue pautado en $ 300.000.
En 2005, el Poder Ejecutivo requirió al máximo tribunal de la Nación que autorice, a través de una medida cautelar, la sustitución del derecho de retención invocado por Timen SA sobre las aeronaves por la garantía que se estime suficiente. A tal fin, el PE ofreció $ 99.517, por considerar que ese era el monto al que ascendía el saldo de la deuda. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de la Provincia.
Esta vez, la Justicia hizo lugar a una nueva medida cautelar y permitió el traslado de los aviones. El PE fundamentó el planteo en la necesidad de resguardar las aeronaves ante el cierre de la estación de Don Torcuato. "Si continuasen en el aeropuerto de Don Torcuato, se podrían generar daños y conducir al extremo del deterioro de las aeronaves", señala el fallo.
La medida, no obstante, no implica modificaciones en la cuestión de fondo, ni deniega el derecho de retención en favor de Timen SA.






