Denuncia por la repetidora de canal 7

La instalación de la antena de la “Estación repetidora LS 82 TV - Canal 7 Argentina - Villa Nougués, Tucumán”, amenaza con convertirse en un frente de tormenta para el Gobierno provincial.
Por un lado, el Tribunal de Cuentas dispuso que se sustancie una comprobación sumaria en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), a raíz de la contratación directa de las obras. La medida se dicta, según el acuerdo 1.888/6, “a efectos de deslindar y determinar las responsabilidades emergentes de la situación”.
Paralelamente, el legislador Alejandro Sangenis (MP3) formuló una denuncia penal contra la subdirectora judicial de la Fiscalía de Estado, Silvia Marcela Meneghello, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según el parlamentario, el terreno expropiado para instalar la antena figura a su nombre. El opositor agrega que también aparece como propietario el abogado Jorge Esteban Posse Ponessa, quien se desempeña como asesor del interventor del Subsidio de Salud, Mario Koltan. Meneghello y Posse Ponessa, según Sangenis, son, además, socios en un estudio jurídico.
Dada la vinculación de la letrada con el Estado, el legislador pidió a la Justicia que investigue, también, la posible comisión de delitos de acción pública (abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario), en que pudieran haber incurrido otros funcionarios de la Fiscalía de Estado, de la DAU y de la Secretaría de Prensa y Difusión.
Sangenis sostiene que la expropiación del terreno fue sancionada por la Cámara el 1 de junio. Sin embargo, la DAU ya estaba autorizada para realizar la contratación directa, por hasta $ 580.000, el 26 de abril. “Como lo comprobó el Tribunal de Cuentas, pusieron obreros pagados por el Estado a disposición de tierras que aún eran de particulares”, cuestionó.
Cuestiona, además, que se haya expropiado poco más de una hectárea. “El convenio firmador por la Provincia y Canal 7, que nunca pasó por la Legislatura, fijó que debía aportarse un espacio cubierto no inferior a 25 metros cuadrados, contiguo a una torre”, contrastó.
“Quedó demostrado el obrar arbitrario, el despilfarro de fondos públicos y el interés personal de quienes participaron en la operación, que tuvo por desencadenante la expropiación”, acusó.