Tildan de libelo la demanda de los abogados

“El Colegio de Abogados esboza primeramente el argumento más serio que lo lleva a intentar la acción (judicial): no es de su agrado la reforma constitucional. Respetando la libertad que asiste a la parte actora -y a toda otra persona física o jurídica- en este sentido, no parece atinado judicializar la Carta Magna por no compartir las reformas sancionadas”. Esto aseguró Alejandro Torres, apoderado general para juicio de la provincia, en el escrito en el que contestó la demanda trabada por la entidad profesional contra una decena de artículos de la nueva Constitución.
En primer lugar, el letrado argumentó que la presentación del colegio tenía un defecto legal que la convertía en un “oscuro libelo”. Torres expresó que para que proceda una impugnación judicial directa es necesaria la lesión de un derecho subjetivo actual y concreto. Luego agregó que este requisito no fue acreditado en la causa, porque la reglamentación -por medio de un decreto- del Consejo Asesor de la Magistratura, cosa que cuestionó la demandante, “no resultaba operativa, ya que aún restaba que el órgano competente (el Poder Ejecutivo) dictara los actos necesarios para su constitución”.
La Provincia también invocó falta de personería en los representantes de la parte actora (Antonio Bustamante y Francisco García Posse). “Hubiera correspondido que adjuntaran las copias certificadas de las actas de las sesiones extraordinaria y ordinaria realizadas (por la comisión directiva de la entidad), de donde surja la supuestamente personería y autorización para litigar”, aseveró Torres.
En un escrito de más de 50 fojas, en el que hizo reserva de caso federal y en el que tildó de política la acción, el letrado también objetó que el Colegio de Abogados haya demandado en primer lugar a la Convención Constituyente y luego, tras la disolución de esta, que haya accionado contra la provincia en la persona del Poder Ejecutivo.