La denuncia presentada por el ex legislador Luis Iriarte contra el contenido de la reforma de la Constitución provincial podría quedarse sin juez que la atienda.
La presentación ingresó directamente en la Corte Suprema de Justicia, pero los cinco integrantes de ese cuerpo se excusaron de estudiarla por estar enfrentados con el constitucionalista desde tiempo atrás, a partir de que este impulsó infructuosamente un proceso masivo de remoción de los jueces supremos en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
Por ello, la Corte pasó a ser integrada en forma extraordinaria para tratar esta denuncia con los camaristas en lo contencioso administrativo Carlos Giovanniello, Norberto Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Rodolfo Novillo, quienes aceptaron el alejamiento de todos los miembros del máximo tribunal antes de empezar la feria.
Ahora, los mismos camaristas podrían excusarse de entender en este caso, también por estar fuertemente distanciados de Iriarte. Así, el expediente seguiría buscando a algunos magistrados que lo sustancien como Corte. Cuando los tenga, se deberá decidir en primer turno si es un asunto del cuerpo supremo o de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Cualquiera que fuese la decisión que se adopte, y por las excusaciones previamente interpuestas, Iriarte volverá a tener problemas para que se integre un tribunal que impulse su causa.
Los otros expedientes
La actividad en tribunales volverá mañana a la normalidad tras dos semanas de receso por la feria invernal. En esta semana, la Corte definirá su competencia para tratar los otros dos expedientes radicados allí contra la nueva Carta Magna. El primero en resolverse sería el de Defensa Provincial Bandera Blanca, en el cual el ministro fiscal Luis de Mitri se pronunció para que sea remitido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Los magistrados supremos tratarán luego, con el mismo objetivo de determinar cuál tribunal debe actuar, la causa del legislador opositor Alejandro Sangenis (Movimiento Popular 3 Banderas). En este trámite, se cuestiona la nueva integración de la Junta Electoral Provincial y la autorización a los funcionarios públicos a ser candidatos y ejercer el cargo simultáneamente, suprimiendo la exigencia de que pidan licencia.
La presentación ingresó directamente en la Corte Suprema de Justicia, pero los cinco integrantes de ese cuerpo se excusaron de estudiarla por estar enfrentados con el constitucionalista desde tiempo atrás, a partir de que este impulsó infructuosamente un proceso masivo de remoción de los jueces supremos en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
Por ello, la Corte pasó a ser integrada en forma extraordinaria para tratar esta denuncia con los camaristas en lo contencioso administrativo Carlos Giovanniello, Norberto Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Rodolfo Novillo, quienes aceptaron el alejamiento de todos los miembros del máximo tribunal antes de empezar la feria.
Ahora, los mismos camaristas podrían excusarse de entender en este caso, también por estar fuertemente distanciados de Iriarte. Así, el expediente seguiría buscando a algunos magistrados que lo sustancien como Corte. Cuando los tenga, se deberá decidir en primer turno si es un asunto del cuerpo supremo o de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Cualquiera que fuese la decisión que se adopte, y por las excusaciones previamente interpuestas, Iriarte volverá a tener problemas para que se integre un tribunal que impulse su causa.
Los otros expedientes
La actividad en tribunales volverá mañana a la normalidad tras dos semanas de receso por la feria invernal. En esta semana, la Corte definirá su competencia para tratar los otros dos expedientes radicados allí contra la nueva Carta Magna. El primero en resolverse sería el de Defensa Provincial Bandera Blanca, en el cual el ministro fiscal Luis de Mitri se pronunció para que sea remitido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Los magistrados supremos tratarán luego, con el mismo objetivo de determinar cuál tribunal debe actuar, la causa del legislador opositor Alejandro Sangenis (Movimiento Popular 3 Banderas). En este trámite, se cuestiona la nueva integración de la Junta Electoral Provincial y la autorización a los funcionarios públicos a ser candidatos y ejercer el cargo simultáneamente, suprimiendo la exigencia de que pidan licencia.






