Por Redacción Política
22 Julio 2006
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El Poder Ejecutivo no hizo ninguna previsión económica para 2007 en caso de que el Centro Internacional para el arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falle en contra de la Provincia en el conflicto que mantiene la compañía Agua del Aconquija -ex concesionaria del servicio de agua y cloacas- con Argentina. Así lo reconoció a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán, antes de viajar a Washington, sede del Ciadi, donde el lunes comenzarán las audiencia finales entre las partes. La empresa le demanda al país el pago de U$S 300 millones por lucro cesante y otros U$S 400 millones en concepto de intereses, cifra que -en caso de que el laudo sea contrario a la Argentina- deberá pagar finalmente el Gobierno provincial. De todas maneras, Estofán se muestra confiado en que el fallo no será adverso. "Vamos muy optimistas", aseguró.
Entre el lunes y el 4 de agosto se realizarán las audiencias para ofrecer pruebas y alegatos. La delegación tucumana, que encabezará el funcionario y que defenderá la posición nacional, estará integrada por Raúl Topa, Próspero Barrionuevo, Carlos Duguech, Daniel Arancibia, Angel García Pinto, Silvia Courel, Raúl Gil Romero y Daniel Vaca (periodista de LA GACETA). "Hay algunos que son de Tucumán, pero no sé quién se va a presentar", señaló Estofán, cuando se le consultó si había tucumanos que atestigüen en favor de la empresa en el litigio.
El 4 de agosto cada parte expondrá durante tres horas y la resolución final quedará en manos del tribunal arbitral del Ciadi. El fiscal de Estado estimó que a fin de año podría haber una resolución, y aludió que esa decisión podría ser recurrible por nulidad, de ambos lados.
¿El PE realizará una demanda por daños y perjuicios a la empresa antes de que venza el plazo para esa instancia?, se le consultó a Estofán. "Todo dependerá de lo que pase allí, aunque no es fácil que se reclamen daños y perjuicios; hay que analizarlo bien", señaló. Indicó que en ese caso hay que evaluar, por ejemplo, que la empresa se quedó un año más prestando el servicio, luego de haber rescindido el contrato, y con problemas de cobro por la prestación. "Pero no son los buenos de la película; ellos son los malos", finalizó el funcionario.
Entre el lunes y el 4 de agosto se realizarán las audiencias para ofrecer pruebas y alegatos. La delegación tucumana, que encabezará el funcionario y que defenderá la posición nacional, estará integrada por Raúl Topa, Próspero Barrionuevo, Carlos Duguech, Daniel Arancibia, Angel García Pinto, Silvia Courel, Raúl Gil Romero y Daniel Vaca (periodista de LA GACETA). "Hay algunos que son de Tucumán, pero no sé quién se va a presentar", señaló Estofán, cuando se le consultó si había tucumanos que atestigüen en favor de la empresa en el litigio.
El 4 de agosto cada parte expondrá durante tres horas y la resolución final quedará en manos del tribunal arbitral del Ciadi. El fiscal de Estado estimó que a fin de año podría haber una resolución, y aludió que esa decisión podría ser recurrible por nulidad, de ambos lados.
¿El PE realizará una demanda por daños y perjuicios a la empresa antes de que venza el plazo para esa instancia?, se le consultó a Estofán. "Todo dependerá de lo que pase allí, aunque no es fácil que se reclamen daños y perjuicios; hay que analizarlo bien", señaló. Indicó que en ese caso hay que evaluar, por ejemplo, que la empresa se quedó un año más prestando el servicio, luego de haber rescindido el contrato, y con problemas de cobro por la prestación. "Pero no son los buenos de la película; ellos son los malos", finalizó el funcionario.
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