Piden que Juri intervenga

El Colegio de Abogados del Sur se inmiscuyó en la crisis generada por el proyecto de ley del oficialismo de retirarle el control de la matrícula de los letrados, para que lo asuma la Corte Suprema de Justicia. Ayer, solicitó una audiencia con el vicegobernador Fernando Juri, para pedirle que no se sancione la iniciativa.
El presidente de la institución, Eduardo Fernández, repudió la iniciativa, al entender que conculca los derechos de su entidad.
“Algunos podrían pensar que el proyecto fue una reacción a la acción judicial entablada por el Colegio de Abogados de Tucumán. Nada más alejado de la realidad, toda vez que se encuentran también abarcados los colegios del Sur y de Procuradores, que han seguido caminos distintos. Los legisladores firmantes tratan de imponer la vieja concepción liberal que pregona que las instituciones, a las que llaman corporaciones, atentan contra las libertades individuales. En cambio, en la nueva Constitución, se impulsa la solidaridad y la aparición de organismos intermedios”, destacó.

No son corporaciones
El directivo negó que los colegios profesionales sean corporaciones, y aseguró que quienes así los califican (como el gobernador José Alperovich) no han comprendido lo que es la colegiación, que incluye la garantía de la democracia interna. Para sostener sus planteos, recurrió a citas de la Iglesia y de la doctrina peronista.
“Los colegios contribuyen a la consolidación de la democracia, porque permiten la participación del ciudadano en el manejo y elaboración de decisiones relacionadas con los intereses sectoriales, pero que también atañen al interés público, como el gobierno de la matrícula, el ejercicio y regulación del poder de policía sobre la profesión y el manejo disciplinario en lo que se refiere a la observancia de las normas de ética profesional. Todo ello tiene que ver con la democracia participativa”, resaltó.


“La Justicia debe ser independiente e imparcial: no tiene por misión defender al Poder Ejecutivo”. La afirmación es del legislador Rodolfo Danesi (CI), quien cuestionó el proyecto de los peronistas Sisto Terán y Alejandro Martínez para crear un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
“Resultan increíbles el nuevo avance totalitario del alperovichismo y los errores conceptuales y antirrepublicanos de los autores de la propuesta, que dicen querer evitar que haya un ataque permanente contra el Estado”, condenó.
Según el parlamentario opositor, “el oscuro motivo que impulsa esta vergonzosa iniciativa es la de obtener impunidad administrativa y constitucional para la Casa de Gobierno, ante las sistemáticas violaciones al derecho que viene realizando el gobernador (José Alperovich)”.
“El argumento de la defensa de las arcas del Estado es una falacia -sostuvo Danesi-. “Están acostumbrados a malversar fondos. Y si lo que digo no es cierto, que Alperovich rinda cuentas de los $3.000 millones que maneja por año; remitiendo a la Legislatura las cuentas de inversión, obligación constitucional que no cumplió en los tres años que lleva como gobernador”, desafió.