Excarcelaron a Bussi en una causa, pero seguirá detenido

El gobernador Antonio Bussi recibió una buena noticia desde la Capital Federal. La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó su excarcelación en la causa por el secuestro y desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse (PJ), ocurrido en mayo de 1976. Por este hecho, el militar (r) está detenido desde octubre de 2003 (lo que le impidió asumir como intendente de la capital), y actualmente se encuentra alojado en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, procesado además por otra decena de casos de violaciones a los derechos humanos.
La decisión, que fue firmada por Amelia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos, no altera el procesamiento contra el ex mandatario dictado por el juez federal Jorge Parache por considerarlo presunto autor de la orden de detención del peronista. En abril de 2005, los mismos camaristas habían resuelto en similares términos un pedido de excarcelación de Luciano Benjamín Menéndez.
Bussi no fue puesto en libertad de forma inmediata, porque en otras 11 causas también le dictaron la prisión preventiva (ver “Prisión...”), razón por la que debería pedir la excarcelación en cada uno de ellas. Es posible que su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, concrete hoy los requerimientos. Independientemente de esto, Luis José Bussi reclamó a la Justicia la inmediata puesta en libertad de su padre (“Mi padre...”).

Los fundamentos
En los considerandos de la resolución, los camaristas justificaron su decisión en que descartaban la posibilidad de que el general (r) se diera a la fuga, impidiera u obstruyera el accionar de la actividad jurisdiccional, según afirmó Berraz de Vidal. La magistrada fue la encargada de fundamentar el primer voto, al que se adhirieron los otros vocales.
La camarista mencionó la trascendencia del principio constitucional de inocencia, y señaló que la privación de la libertad procede frente al peligro de que el procesado ponga en riesgo la investigación o la ejecución de una eventual sentencia. Acerca de la situación de Bussi, consideró que no se acreditaron “circunstancias objetivas y ciertas sobre la existencia probable de un peligro procesal”. Tuvo en cuenta también su edad (80 años) y delicado estado de salud (en parte, su pronunciamiento se basó en los informes médicos que fueron aportados al expediente).
Capolupo de Durañona y Vedia destacó que la limitación de la libertad durante un proceso no puede tener características excepcionales por la gravedad de los hechos o la naturaleza de los delitos investigados. Hornos, por su parte, se remitió a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró extinguida una acción penal en contra de Bussi y de Menéndez.
Ahora, la Justicia Federal de Tucumán deberá determinar el monto de la caución (garantía), que deberá desembolsar Bussi, así como las demás condiciones de su excarcelación, que pueden incluir la obligación de residir en la provincia.