Auditan el manejo de fondos en una gestión comunal

El descontento de buena parte de los vecinos de Choromoro respecto de la gestión del comisionado rural, Luis Angel Díaz, obtuvo cauce institucional a través del Tribunal de Cuentas (TC). A partir de un pedido formulado por un grupo de habitantes del pequeño poblado, ubicado 67 kilómetros al norte de la capital, el organismo de control dispuso la realización de una auditoría integral de la administración del dirigente peronista.
El malestar de los vecinos se hizo sentir con fuerza en los últimos dos meses de 2005, cuando el funcionario se vio envuelto en un caso de usurpación de terrenos fiscales. La Justicia falló en su contra y ordenó el desalojo de las 12 familias que se habían asentado en el predio a instancias de Díaz, según él mismo reconoció a LA GACETA el 2 de diciembre. El campo fue liberado y entregado por la Provincia a la familia que lo explota desde 1958.
Pero la inquietud de este grupo de vecinos porque sus reclamos sean escuchados los llevó a dirigir notas a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas y al Tribunal de Cuentas. El órgano de control hizo propias esas denuncias y, a través de la acordada 944 firmada, por el titular del TC, Miguel Chaibén Terraf y por el vocal Sergio Díaz Ricci, dispuso un control general de las cuentas de Choromoro desde el inicio de la gestión de Díaz.

Objeciones múltiples
Al momento de autorizar la concreción de la auditoría para determinar si hubo perjuicios patrimoniales, las autoridades del Tribunal de Cuentas tuvieron en cuenta los fundamentos esgrimidos por los vecinos denunciantes.
“El delegado comunal es una persona que desconoce el Derecho y es capaz de ejercer violencia en contra de nosotros. Sospechamos que su desaprensión para cometer delitos puede llegar incluso al manejo inadecuado de los fondos públicos que administra, ya que su progreso económico nos resulta incomprensible si consideramos que sólo percibe un sueldo, y sabemos que al momento de asumir su cargo carecía de fortuna personal o familiar”, sostiene primera foja el pedido de los vecinos.
En el texto, estos vecinos del departamento Trancas dejaron claro su desacuerdo con la gestión que lleva adelante Díaz, y que consideran que no hubo compromiso de su parte hacia la comunidad. “Nunca cumplió con las obras prometidas”, agrega el expediente.
El TC ordenó paralelamente la ejecución de un sumario de cuentas (Acuerdo 1.114) en contra del comisionado rural y de la habilitada de la comuna, María Olga Díaz, ya que no fueron presentados los balances correspondientes a tres bimestres de 2005.
La fiscalización de los actos administrativos y contables de la comuna se encuentra en plena ejecución, y los contadores designados por el Tribunal de Cuentas elevarán, en principio a fin de mes, un informe con los resultados de la auditoría.