Racedo podría actuar en una causa clave

Durante el proceso de destitución que está en marcha, el juez federal Felipe Terán deberá probar que no “fue funcional a maniobras que permitieron el enriquecimiento sin causa (de particulares), al margen de las normas jurídicas y a costa del Estado”. Esta fue la conclusión de la Comisión de Acusación, y en ella se basó el plenario del Consejo de la Magistratura (CM) para someterlo al Jurado de Enjuiciamiento (JE).
La Comisión de Acusación del CM también le imputó haber otorgado “cheques en blanco”, forma eufemística de referirse a las medidas cautelares mediante las cuales se ordenaba al Estado que se abstuviera de aplicar la normativa que pesificó los títulos públicos, sin precisar la cantidad de bonos alcanzados por la decisión. Las órdenes judiciales se limitaban a especificar el número de cuenta del beneficiario (tenedor de los títulos), lo que alentó la sospecha del Ministerio de Economía de que habrían sido añadidos a las cuentas de los accionantes bonos adquiridos a posteriori de la declaración de default, cuando, por la situación del país, valían muy poco.
Las cautelares permitían que los beneficiados pudieran percibir la renta mensual que generaban los títulos en dólares o el equivalente al valor de cotización en el mercado libre (no a      $ 1,4 más CER por dólar, como disponía la normativa que pesificó los bonos).
El caso tomado como testigo fue el de Yolanda Borquez. Cuando inició la demanda, la mujer presentó un certificado de tenencia de títulos por U$S 620.000, pero cuando Terán libró la medida cautelar en contra del Estado nacional había depositados en la cuenta de la demandante casi U$S 5 millones en bonos. Por ello, luego el juez dejó sin efecto la medida, como consecuencia de la insistencia de los abogados de la Nación.

Curiosa situación
Por la causa Borquez, y con independencia del proceso de destitución, hay una investigación penal en curso. El fiscal federal que la instruye, Carlos Brito (es el número dos), ya notificó a Terán que lo investiga “como partícipe en la maniobra defraudatoria realizada contra el Estado”.
Tras el fin de la feria judicial en Tucumán (las actividades se reiniciarán el 24) el funcionario judicial podría requerir que Terán sea citado a prestar declaración indagatoria. Curiosamente, tendría que resolver el pedido Mario Racedo, quien subroga (reemplaza) a Terán al frente del juzgado federal número dos.
Terán puede ser citado a declarar porque la Ley 25.320 permite que, cuando a un juez se le imputa la comisión de un delito, el proceso continúe hasta su conclusión. El llamado a indagatoria no puede ser interpretado como medida restrictiva de la libertad siempre que el magistrado se allane a ella voluntariamente. El 16 de junio Terán anticipó a LA GACETA que si era citado se iba a presentar. “¿Por qué no habría de presentarme si no tengo nada que ocultar?”, preguntó.