Los colegios apuestan a la intercesión de Juri

Desde mediados de la semana pasada, el vicegobernador, Fernando Juri, descansa en Tafí del Valle. Mañana, cuando retorne a su despacho, deberá definir su posición en torno de la polémica generada por el proyecto oficialista de quitarle al Colegio de Abogados el control de la matrícula de los letrados (se propone el traspaso de esa potestad a la Corte Suprema de Justicia) y de que los bonos profesionales sean abonados al final del proceso, previo al dictado de la sentencia, y no en cada una de las presentaciones que se realicen.Sobre su escritorio, Juri tendrá el pedido de audiencia urgente efectuado por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), para analizar las salidas posibles a la conflictiva situación. Desde esta institución, interpretaron la propuesta avalada por la mayoría del bloque peronista como una represalia contra los representantes de los abogados, por el juicio que impulsan contra la reforma constitucional.El viernes, los representantes de Feput se reunieron con el presidente de la bancada justicialista, Rodolfo Ocaranza (firmante de la iniciativa en discusión), y le reclamaron que se respeten los colegios profesionales y que se permita el disenso sin temor a castigo alguno. Ocaranza mantuvo su posición a favor del proyecto, pero se comprometió a gestionar el encuentro con Juri, que -se espera- tendrá lugar entre mañana y el martes.Los colegios solicitaron también al gobernador, José Alperovich, que los reciba. Sin embargo, sus principales directivos no creen que se logre ese objetivo. Por ello, vuelcan las mayores energías en concretar la reunión con Juri, que es considerada clave para determinar acciones futuras. Pretenden pedirle al titular de la Legislatura que no se trate en el recinto ninguna iniciativa relacionada con los abogados o con la Justicia, mientras no se defina la crisis institucional desatada por los cuestionamientos judiciales al nuevo texto constitucional.La intercesión del vicegobernador es considerada crucial, casi el último recurso, para abrir una instancia local de diálogo con el oficialismo. De fracasar este intento, los profesionales evalúan la posibilidad de nacionalizar el conflicto, en una estrategia que incluiría una presentación formal ante el ministro del Interior, Aníbal Fernández.Instancia intermediaEn el planteo, Feput incluirá su crítica al proyecto de Sisto Terán de crear un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como cuerpo intermedio entre la actual Cámara en lo Contencioso Administrativo y la Corte Suprema, con la misión de analizar los recursos que se interpongan contra resoluciones y sentencias de jueces inferiores.Precisamente, si este proyecto es aprobado, el nuevo tribunal sería el encargado de resolver la medida de no innovar dictada por el camarista Carlos Giovanniello que suspendió la aplicación del decreto 1.820 del Poder Ejecutivo. Esa medida impide la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), hasta tanto se dicte fallo de fondo sobre la constitucionalidad de ese cuerpo.Legisladores de la oposición adelantaron su rechazo a los proyectos del PJ (ver "Objetan..."), al señalar que avanzan sobre los jueces.