Lo político y lo institucional suelen mezclarse fácilmente

Si desde la teoría ya resulta complicado definir dónde termina lo político y dónde comienza lo institucional, en Tucumán esos límites se tornan más borrosos aún. Con frecuencia, el oficialismo suele ser acusado de utilizar los resortes del Estado en beneficio propio, como sucedió recientemente con la movilización de gente para que participara de los actos que encabezó el presidente Néstor Kirchner por el aniversario de la Declaración de la Independencia. A su vez, el gobernador, José Alperovich, suele replicar que, mientras él se dedica a gestionar, sus opositores se limitan a hacer política desde los Tribunales, judicializando cuestiones electorales o numerosos capítulos de la nueva Constitución. El Gobierno también contribuye a la confusión conceptual cuando, frente a un fallo adverso a sus pretensiones, reacciona tildando la resolución de política.
El problema, aunque tal vez agudizado en esta provincia, preocupa a más de una disciplina de las Ciencias Sociales. En el Derecho son clásicos los intentos de diferenciar los actos administrativos, de los políticos y de los institucionales. Por ejemplo, el administrativista Miguel Marienhoff asimila las dos primeras clases de actos. Sostiene que sólo existe entre ambos diferencias de grado, porque el acto administrativo se refiere a la marcha o funcionamiento común u ordinario de la administración (disponer una reestructuración del organigrama, por ejemplo), mientras que el político (o de gobierno) persigue finalidades superiores para el funcionamiento del Estado (conceder un indulto o conmutar penas, etcétera). En cambio, el acto institucional tiene mayor trascendencia, porque se refiere a la organización y a la subsistencia del Estado. Pertenecen a este tipo de actos la intervención federal a una provincia, la declaración del estado de sitio o el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El constitucionalista Néstor Sagüés, en su libro "El tercer poder: notas sobre el perfil político del Poder Judicial", sostiene que, históricamente, la política fue vista como algo que degrada a quien la practica. Por ende, "la apoliticidad del Poder Judicial era vista como una suerte de vacuna contra su corrupción" y como "una garantía de independencia e imparcialidad". No obstante, señala -con audacia- que "desde el momento en que el Poder Judicial está resolviendo conflictos humanos cumple un significativo rol político de regulación social, desempeñado, por lo demás, en su condición de órgano del Estado, sujeto político por excelencia". Pese a este reconocimiento, el jurista, consciente de lo que suele suceder en los países de América latina, advierte: "la versión patológica del Poder Judicial como poder político conduce al sojuzgamiento de la judicatura por el gobierno y por el partido oficialista de turno".
En las Ciencias Políticas, las cosas no están más claras, y los esfuerzos por establecer clasificaciones rigurosas se suceden desde que Aristóteles definió al hombre como animal político. Algunos equiparan lo político a lo institucional, sin contar los intentos más recientes por reducir la política a administración (o gestión). Lejos de estas sutilezas, los actores públicos tucumanos siguen transitando de lo político a lo institucional, y viceversa.

Por Julio Saguir - dr. en Ciencias Políticas-secretario de planeamiento
Una de las preocupaciones más persistentes de los filósofos políticos respecto de la índole de la política ha sido el mantenimiento del orden público. Por ello, un modo de entender un hecho político es a partir de la consecuencia de un acto -cualquiera que fuese su motivación u origen- sobre el orden y sobre la vida pública. Una empresa con 500 trabajadores cierra sus puertas; una Cámara Penal revierte la decisión de un juez, libera a un preso y este asesina a dos personas; un obispo advierte sobre la pobreza y su consecuencia negativa sobre la equidad y la justicia social. En estos casos, las personas actuaron en el ejercicio de funciones propias (competencia empresarial, legal y consejo pastoral), no políticas. Pero las consecuencias sobre el orden público (despidos, inseguridad, debate social) lo transforman, eventualmente, en hechos políticos. La magnitud u oportunidad de un acto no motivado políticamente puede convertirlo en político.
En un sentido más estricto, se puede entender la política a partir del conjunto de instituciones que organizan el quehacer conflictivo de una sociedad en pos de su bien común. En este sentido, todos los actos institucionales provocan actos políticos, en tanto repercuten e influyen sobre algún aspecto de la organización del bien común.
Desde la perspectiva de las motivaciones del acto político, caben otras distinciones. La consecución del bien común implica la competencia y la lucha por la satisfacción de intereses particulares o la primacía de determinadas concepciones, también particulares, de ese bien común. Una ley sobre la actividad laboral implica la competencia entre intereses gremiales y empresariales; la elección de un miembro de la Corte Suprema, por parte del Poder Ejecutivo, supone percepciones y valores del bien común que, seguramente, no son los de toda la ciudadanía. Más aún: el mismo diseño institucional sobre cómo se vota una ley o se designa un juez responde a intereses y preferencias particulares que supusieron un debate, y hasta un conflicto de intereses previo. Entonces, tanto el diseño de una institución como las decisiones que luego emanan de ellas son motivados políticamente, o sea, por valores y preferencias ideológicas sobre qué es lo mejor para la sociedad.

Aspectos que aún incomodan
Hay aspectos de las decisiones motivadas políticamente que todavía nos incomodan como sociedad. Quizás ellos no se refieran tanto al necesario conflicto entre intereses y concepciones particulares sobre el bien común, sino más bien a la percepción de que esos legítimos intereses particulares, en muchas ocasiones, no son tales, sino provechos demasiado pequeños, ganancias casi mezquinas, ventajas muchas veces materiales. En otras palabras, cuando una ley, una sentencia o un decreto son decididos para el beneficio individual de una carrera política, de una inversión privada, de un intercambio de favores personales. En estos casos, la legalidad de tales actos no salva su atentado contra el necesario conflicto de intereses o contra la búsqueda antagónica del bien común, que suponen la política y los actos institucionales.
Sin duda que, en estos casos, las distinciones son extremadamente sutiles, y las fronteras, demasiado tenues. En muchas ocasiones, máxime en el terreno de lo personal, las reales motivaciones quedarán en lo más recóndito de la conciencia individual. Será la historia posterior -y sólo a veces- la que mostrará algún aspecto del verdadero deseo original.

Por Juan Pablo Lichtmajer - dr. en Ciencias Políticas
Tres preguntas guían esta reflexión: ¿qué es un hecho político? ¿Cuál es la frontera entre lo político y lo institucional? ¿Dónde empieza y dónde termina la política en nuestras vidas? Podemos distinguir cuatro variantes para definir lo propio de la política.
La visión clásica identifica lo político con lo institucional. Los actos políticos son la simple manifestación de normas institucionales sedimentadas. La política, entonces, queda reducida al Estado, los partidos, la Constitución, los sindicatos o institución que marque pautas de comportamiento. Esto deja poco espacio para la creatividad de los sujetos, y mucho menos para los cambios radicales en el sistema, ya que todo acto que ponga en jaque las instituciones establecidas es un acto tendiente al desorden.
Dos visiones cuestionan el institucionalismo clásico. La primera, fruto de una larga tradición marxista, argumenta que la política (con sus instituciones y todo lo que las rodea) responde a condiciones socio-económicas concretas, que determinan el comportamiento de los actores sociales. La lucha de clases es el cemento que construye las rutas políticas. Las instituciones pasan de ser el núcleo originario de la política a mero espejo refractario de condiciones estructurales.
Luego están las tendencias economicistas, que reducen la política a una serie de acciones racionales orientadas a maximizar beneficios individuales. Pero estas no son características exclusivas de la racionalidad económica, sino que definen la acción humana como tal. La política es cálculo, egoísmo y racionalidad; en ella no hay espacio para acciones comunitarias, ni de clase social ni de instituciones.
En los tres casos anteriores, la política es una dimensión de la vida de los hombres que está determinada por elementos que la trascienden: las instituciones, las relaciones socioeconómicas o la racionalidad económica.
Existe, sin embargo, una visión que procura no reducir la política a una manifestación de un fundamento oculto y trascendente. Las fronteras de la política (aquellas que la separan de lo institucional, de lo económico o de lo sociológico) están siempre en movimiento, sencillamente, porque el arte de la política es el del establecimiento de esas fronteras. Es político el acto que distingue lo político de lo económico; lo es la división de la sociedad en clases, y también la legitimación de las instituciones; inclusive, la distinción misma entre lo publico y lo privado es política (biopolítica diría Michel Foucault).
En el fondo de esta disparidad yace la distinción entre política y administración. La mayoría del tiempo hay administración, que regula diferencias entre instituciones, repara las desigualdades sociales y económicas, o satisface los intereses de los individuos. Pero nunca puede la administración (o la gestión) redefinir los límites mismos del sistema. Un acto político sí redefine los sistemas, los actores y los sucesos.
Difícilmente se podría, desde esta perspectiva, establecer las fronteras entre lo político y lo institucional, lo sociológico o lo económico, ya que la política es el arte de construir esas fronteras y, eventualmente, de destruirlas.