"En la provincia no existe la democracia"

Los legisladores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes), José Cano (UCR), Ernesto Padilla (Fuerza Republicana), Alejandro Sangenis (MP3) y Pedro Stordeur (Recrear) calificaron de "fascista" el proyecto de ley presentado por Sisto Terán y otros miembros de la bancada oficialista para quitar la matrícula al Colegio de Abogados.

"Se amordaza abiertamente a la sociedad", manifestaron. "Nadie puede oponerse a ningún capricho del gobernador o sus socios. Los abogados de la provincia son las víctimas de turno, pero nadie está a salvo de los embates del poder, mañana les tocará el turno a los graduados en Ciencias Económicas, luego los médicos, hasta avanzar sobre todas las instituciones, pues no existe democracia en Tucumán", agregaron.

Los legisladores afirmaron que el proyecto de ley de Sisto Terán no sólo contiene una explícita sanción al Colegio de Abogados por su oposición a los intereses del gobierno, sino que "conlleva una antidemocrática amenaza a todo aquél que ponga reparos en los oscuros proyectos de Terán, Alperovich y sus socios".

Un proyecto que afecta la caja profesional
El oficialismo concretó el martes su anunciado avance sobre el Colegio de Abogados: presentó el proyecto de ley para retirarle el manejo de la matrícula (se propone que pase a manos de la Corte) y diferir el pago de los bonos profesionales al último momento de un proceso judicial.

La iniciativa aborda ambos temas, pese a que son distintos en cuanto a los ejes que involucran y las consecuencias que tendrán. Sólo se vinculan en que los dos asuntos implicarán, en lo inmediato, un golpe a las arcas de la entidad. El proyecto alcanza también al Colegio de Abogados del Sur y al de Procuradores.

La propuesta fue firmada por los peronistas Sisto Terán, Rodolfo Ocaranza, Oscar Godoy, Raúl Hadla, Alejandro Martínez, Sergio Miranda, Juan Siviardo Gutiérrez, Alberto Leal y Aldo Salomón.

Según se informó, la idea cuenta en principio con el respaldo de la mayoría de los miembros de la bancada. Su primer destino será la comisión de Legislación General, que preside Ocaranza, para que emita dictamen. Luego quedará habilitada para llegar al recinto.

Actualmente, la matrícula es manejada por la entidad, que revisa la legitimidad del título presentado y si el postulante está inhabilitado para ejercer la abogacía o tiene sentencia judicial definitiva que hiciera inconveniente su incorporación al foro.