La decisión del Gobierno de contratar un vuelo particular para trasladar a Buenos Aires al abogado Daniel Paz generó una serie de comentarios que vincularon el hecho con el polémico “caso Macías”. Sin embargo, las situaciones no son equiparables.
El jefe de Emergencias del Siprosa, Juan Masaguer, explicó a LA GACETA que el letrado tiene una obra social prepaga, de carácter nacional, que le denegó el servicio. “Es una vergüenza: tienen un edificio de 27 pisos en Capital Federal y pagan publicidades carísimas en los principales medios. Negarle el traslado a Paz me parece un verdadero descaro”, condenó el médico.
Masaguer explicó que por esta situación la Provincia decidió hacerse cargo del traslado y contrató a la firma “Aeroruta”, que cotizó el servicio en $ 17.000. “Ahora, se estudiará si se le reclama a la prepaga el reembolso de esa suma”, adelantó.
En el caso Oscar Macías, ocurrido en 2004, el Subsidio de Salud entregó $ 27.600 a la familia del empresario, que no era afiliado de la obra social estatal, sino de otra institución. El interventor del IPSS, Mario Koltan, explicó entonces que había cumplido una orden del Ejecutivo. El gobernador, José Alperovich, reconoció que así fue. “Podemos habernos equivocado en una emergencia, cuando vino una señora pidiendo que le salven la vida a su hijo (sic), y en ese momento el Poder Ejecutivo le pidió dinero prestado al Subsidio de Salud, que nos lo dio. Se salvó esa vida y luego se salvó esa plata”, describió a la prensa el 25 de mayo de 2004. La familia Macías había restituido todo el dinero el 16 de marzo de ese año.
El entonces fiscal Anticorrupción, Pedro Gallo, pidió que se elevara a juicio la causa contra Koltan, pero la jueza penal Emma de Nucci lo sobreseyó en setiembre de ese año y la Cámara Penal de Apelaciones cerró el caso en diciembre de 2005. En contraposición, el Tribunal de Cuentas había ratificado en agosto de 2004 una multa de $ 10.000 contra el funcionario por el trámite a favor de Macías.
El jefe de Emergencias del Siprosa, Juan Masaguer, explicó a LA GACETA que el letrado tiene una obra social prepaga, de carácter nacional, que le denegó el servicio. “Es una vergüenza: tienen un edificio de 27 pisos en Capital Federal y pagan publicidades carísimas en los principales medios. Negarle el traslado a Paz me parece un verdadero descaro”, condenó el médico.
Masaguer explicó que por esta situación la Provincia decidió hacerse cargo del traslado y contrató a la firma “Aeroruta”, que cotizó el servicio en $ 17.000. “Ahora, se estudiará si se le reclama a la prepaga el reembolso de esa suma”, adelantó.
En el caso Oscar Macías, ocurrido en 2004, el Subsidio de Salud entregó $ 27.600 a la familia del empresario, que no era afiliado de la obra social estatal, sino de otra institución. El interventor del IPSS, Mario Koltan, explicó entonces que había cumplido una orden del Ejecutivo. El gobernador, José Alperovich, reconoció que así fue. “Podemos habernos equivocado en una emergencia, cuando vino una señora pidiendo que le salven la vida a su hijo (sic), y en ese momento el Poder Ejecutivo le pidió dinero prestado al Subsidio de Salud, que nos lo dio. Se salvó esa vida y luego se salvó esa plata”, describió a la prensa el 25 de mayo de 2004. La familia Macías había restituido todo el dinero el 16 de marzo de ese año.
El entonces fiscal Anticorrupción, Pedro Gallo, pidió que se elevara a juicio la causa contra Koltan, pero la jueza penal Emma de Nucci lo sobreseyó en setiembre de ese año y la Cámara Penal de Apelaciones cerró el caso en diciembre de 2005. En contraposición, el Tribunal de Cuentas había ratificado en agosto de 2004 una multa de $ 10.000 contra el funcionario por el trámite a favor de Macías.
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