Descartan que haya peligro de una intervención federal

El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, descartó enfáticamente que la suspensión de la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), dispuesta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, derive en una crisis institucional que justifique la intervención federal a la Provincia.
"El Estado está permanentemente en litigio, sea a través de sus funcionarios o por medio de sus órganos de Gobierno, y un fallo judicial adverso a sus intereses no genera un conflicto de poderes. Menos aún se da este supuesto cuando el gobernador, José Alperovich, dijo que respeta y acata las decisiones de la Justicia. Es un principio republicano que cada uno de los poderes del Estado actúe dentro de su órbita", resaltó.
El jefe de los fiscales penales sostuvo además que, en el extremo de que haya un pronunciamiento definitivo contrario al decreto 1.820 del Poder Ejecutivo (por el cual se dispone la polémica integración del CAM), "la situación se reconvertirá con el dictado de una nueva norma para regular un instituto o con la revisión de la causa en trámite".
El funcionario desvinculó la aplicación del régimen jubilatorio especial para el Poder Judicial (82% móvil a partir de los 60 años) del régimen de selección y designación de jueces, fiscales y defensores oficiales. "No será fácil reemplazar de golpe 50 o 60 magistrados en caso de que se concrete ese número de jubilaciones; puede generar una cierta dificultad, pero si desde los órganos competentes se trabaja bien, no se dan las razones de un conflicto", señaló.

A la Cámara
De Mitri opinó que la Corte Suprema es incompetente para tratar la denuncia del partido Defensa Provincial Bandera Blanca contra la reforma constitucional, y sugirió que el expediente impulsado por el ex diputado nacional Exequiel Avila Gallo sea remitido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
"El acto cuestionado emana de un órgano estatal en función pública, lo que debe ser tratado por el tribunal inferior. No es de competencia originaria de esta Corte, que se limita a entender cuando intervienen los poderes Ejecutivo o Legislativo", explicó.

Al ex convencional José Páez (Acuerdo Social para la Inclusión) le resulta contradictorio que José Alperovich confronte con los colegios profesionales, cuando muchos de sus funcionarios fueron dirigentes de las instituciones a las que, como en el caso del Colegio de Abogados, se las quiere privar del control de la matrícula de sus asociados.
"Me dirijo a los colegas que fueron directivos o colaboradores de colegios, como Mario López Herrera, Antonio Estofán, Francisco Sassi Colombres y Jorge Jiménez, entre otros, para que aporten su cuota de razonabilidad y prudencia. Recordemos nuestros esfuerzos por defender la colegiación, el control de la matrícula, y la defensa de los intereses profesionales en representación de nuestros comprovincianos", manifestó Páez.
El dirigente democristiano destacó que es inaceptable que se pretenda modificar una historia de más de más de 50 años de control de la matrícula. "No se puede cambiar un sistema indiscutible en todo el país y en América Latina por reacciones espasmódicas frente a una demanda de inconstitucionalidad (por parte del Colegio de Abogados contra una decena de artículos de la nueva Constitución), aún sin sentencia, en la que los profesionales están velando también por sus clientes, pacientes o locadores de servicios", aseveró Páez.
También embistió contra el legislador Sisto Terán (PJ). "Inventor del intento fallido de derribar la colegiación, se inició como liberal y siempre fue un adversario de los colegios", dijo.